Era hora de que algún miembro del Gobierno empezara a preocuparse por la inflación. Lo que todo el mundo sabía, recién lo reconocieron en estos últimos días algunos funcionarios, como Martín Redrado –quien dijo estar preocupado por el problema inflacionario– o el jefe de Gabinete, Alberto Fernández –que aceptó que hay inflación, aunque trató de justificarse mediante argumentos poco sustentables desde el punto de vista económico–.

Es que decir que hay inflación porque la economía crece es una contradicción. Si la economía crece es porque hay inversiones y mayor oferta de bienes y servicios, de manera que no se entiende muy bien cómo es que si aumenta la oferta de bienes y servicios puede haber inflación. Finalmente, la demanda depende de la oferta de bienes, es decir, nadie puede demandar bienes y servicios si previamente no ofrece y le compran, bienes y servicios. Es con el producido de la oferta que se puede demandar. Pero, bueno, tampoco podemos pretender que el jefe de Gabinete haya leído y comprendido la Ley de Say.

Lo cierto es que ya quedaron atrás las frases oficialistas que sostenían que era preferible un poco de inflación a la paz de los cementerios. Y, además, las expectativas inflacionarias empiezan a generar cierto grado de huida del peso. La gente sabe o percibe que después de las elecciones habrá serios problemas de ajustes de precios, por lo tanto, anticipa compras o bien huye hacia monedas fuertes.

La subordinación de la política económica a las necesidades políticas del Gobierno ha generado una serie de tensiones inflacionarias que inevitablemente habrá que corregir en un futuro cercano. A tal punto se sabe de la distorsión de precios relativos que la misma candidata oficialista ha reconocido la necesidad de aplicar cierto gradualismo en su corrección mediante una concertación de precios y salarios. Es decir, propuso recurrir al viejo sistema fascista corporativo por el cual alguien que dice representar a los trabajadores se sienta a la mesa con alguien que dice representar a los empresarios, para discutir sobre precios y salarios ante la mediación de representantes del Estado. Es decir, unos pocos dirigentes sindicales y empresariales se arrogan el derecho de representar a todos los trabajadores y empresarios argentinos. Sobre este punto voy a volver luego, ya que antes me parece interesante resaltar que el proceso inflacionario que hemos tenido hasta el momento puede ser nada frente a lo que puede venir.

En efecto, la fuerte emisión monetaria que viene haciendo el Banco Central (BCRA) para sostener el tipo de cambio se tradujo en presiones inflacionarias que superan ampliamente los datos que mensualmente informa el INDEC sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Como era de prever, los controles de precios no consiguieron dominar la inflación. Y aquí quiero hacer un punto antes de continuar.

Hace unos días, encontré un artículo en Página/12 de Alfredo Zaiat. La nota es del 1 de abril de 2006 y fue titulada “El economista rey está desnudo”. En el artículo, el columnista afirma que los economistas nos equivocamos todo el tiempo y sostiene que deberíamos llamarnos a un respetuoso silencio. Y dice: “O, más drásticos, aseguran que si los acuerdos de precios frenan la inflación habría que quemar los libros (Roberto Cachanosky)”. Le agradezco al señor Zaiat esta referencia hacia mi persona porque me permite resaltar que no me equivoqué en mi pronóstico mientras que él, en cambio, ha hecho el ridículo defendiendo lo indefendible. Le sugiero que haga una autocrítica y publique una nota titulada “El periodista rey de Página/12 está desnudo”, porque ni siquiera los funcionarios públicos del Gobierno que él defiende le dan la razón en su defensa a ultranza de la política oficial.

Volvamos al proceso inflacionario que Zaiat quiere, al mejor estilo Guillermo Moreno, desconocer. Lo que sabemos es que la inflación está ya en el orden del 20% anual y que, encima, los precios de los combustibles, los servicios públicos y el transporte están totalmente atrasados, al tiempo que el gasto público se ha disparado y crece a una tasa del 52% anual. Sabemos que con un piso de inflación del 20% anual llevar a cabo los reajustes de precios relativos va a ser sumamente traumático, considerando que esa distorsión es, en algunos casos, gigantesca.

Ahora bien, como supuesta salida a este serio problema, Cristina Fernández de Kirchner ha propuesto que, si es presidenta, llamará a una concertación de precios y salarios. Supongamos que quienes dicen representar a empresarios y trabajadores se sientan a una mesa para moderar la puja por la distribución del ingreso. La pregunta que queda pendiente es qué hará el Gobierno para contribuir a contener el proceso inflacionario. ¿Continuará emitiendo moneda como lo vino haciendo hasta ahora? ¿Seguirá espantando inversores como en el caso de Esso y las arbitrarias sanciones a Shell? ¿Está dispuesto a contener el gasto público dejando de repartir dinero entre gobernadores e intendentes adictos, arriesgándose a perder su apoyo? Porque si el Gobierno no está dispuesto a hacer ninguna corrección de fondo a su política económica, podrán sentarse todo lo que quieran a la mesa para discutir precios y salarios, pero la inflación seguirá aumentando y el acuerdo durará un suspiro, dado que ningún sector querrá seguir pagando el impuesto inflacionario y pateará el tablero al ver caer sus ingresos. Es más, todos querrán anticiparse al proceso inflacionario y las demandas de salarios podrán llegar a ser extraordinarias.

Si el Gobierno está dispuesto a hacer reformas de fondo en su política económica y, sobre todo, en la cambiaria y monetaria, no hace falta ninguna concertación de estirpe fascista. Sólo se necesita generar señales claras de largo plazo y consistencia macroeconómica. Con esto, los precios y salarios surgirán de una cooperación pacífica y voluntaria. Las empresas invertirán, demandarán más mano de obra, tendrán que pagar mayores salarios y la competencia hará que los precios bajen.

Por el contrario, si el Gobierno no está dispuesto a cambiar sustancialmente su política económica, la mencionada concertación constituirá otro intento fallido por esconder la realidad.

En definitiva, los problemas que se avecinan no se resuelven con palabras, mesas de concertación o mecanismos policiales para controlar precios y salarios. Los problemas que se asoman en el horizonte se resuelven con políticas económicas consistentes. ¿Entenderá el oficialismo este problema si gana las elecciones? © www.economiaparatodos.com.ar