En los últimos tiempos hemos visto la proliferación de actos de corrupción de diversa índole. El caso Skanska, la bolsa de Miceli, la valija de Antonini, contratos políticos sin la debida correspondencia laboral, sobreprecios en productos para comedores, el escándalo de la Cancillería con los autos importados, compras sin licitaciones y con pocos beneficiarios.

Todo ello tiene un denominador común: el Estado siempre se encuentra implicado en los hechos. Esto nos está indicando que trabajar para el Estado en la Argentina sigue siendo una oportunidad para hacer todo tipo de negociados, aprovechándose de los muchos puestos políticos existentes. ¿Por qué se producen actos de corrupción que involucran directamente al Estado?

Una primera respuesta diría que ese no sería el problema, sino que en última instancia las propias personas involucradas son las puramente corruptas, que el fenómeno se circunscribe a ellas, y que la solución radica en su remoción y posterior juzgamiento.

Sin dudas son las personas las corruptas, pero debemos preguntarnos qué las lleva a comportarse de esa manera. Se aduce que el Estado actúa a través de regulaciones y procedimientos claramente identificados, cuyo propósito es que la acción estatal garantice su objetivo primordial de brindar buenos servicios a la población, interviniendo también en asuntos de índole económica frente a deficiencias del mercado.

Entonces, ¿cómo puede ocurrir que los propios funcionarios que tienen la responsabilidad de aplicar los cometidos para los que da lugar el Estado realicen actos de corrupción? Como muestran los casos descritos, el asunto pasa a ser las muchas atribuciones y mecanismos de actuación que el Estado tiene en nuestro país.

Allí radica la clave de la corrupción, en un Estado que tiene numerosos mecanismos de intervención y que deposita mucha arbitrariedad en los funcionarios públicos. Estos se ven atraídos por la enorme masa de recursos que manejan o por el poder que tienen para controlar ciertos aspectos de la economía.

El argumento tradicional es que el Estado regula y controla para que no haya abusos y corrupción en el sector privado, pero en este caso podríamos afirmar justamente lo contrario: No es que haya regulaciones por que exista la corrupción, sino que hay corrupción porque existen las regulaciones.

Y aquí debemos aclarar la diferencia entre la corrupción del sector privado en sí misma, y la que implica a funcionarios estatales. La primera afecta solamente a la imagen y reputación de una empresa, teniendo los consumidores la posibilidad de optar por otros productos o servicios, viéndose perjudicados los empleados de la firma, pero que luego podrán encontrar otro trabajo.

Por su parte, la corrupción estatal se da con fondos públicos, derivados de los impuestos que paga la población, ya sea en compras o contrataciones o por el pago del sueldo al funcionario corrupto. El efecto es mucha mayor que en el caso de la corrupción privada.

El involucramiento de casos de corrupción de empresas con relación al Estado se da porque este posee una cantidad tal de funciones y atribuciones que hacen imposible que los funcionarios a cargo no se vean tentados a ejercer actos de corrupción.

¿Cual es la respuesta frente a los fraudes de Enron y Worldcom que pusieron en duda el sistema de control norteamericano? La solución no implicó una crisis del sistema, sino que se limito a esos casos, identificando a los responsables y castigándolos por su comportamiento. Se debería indagar también si parte del mismo no fue consecuencia de la obligación de cumplir con excesivas normas de regulación.

Frente a los casos de corrupción en donde el Estado tiene una gran responsabilidad, cabe recordar la afirmación de Milton Friedman sobre el significado de la misma: “Corrupción es cuando el Gobierno interviene en el libre funcionamiento del mercado”. © www.economiaparatodos.com.ar