Unos meses atrás, escribí una nota en la que me preguntaba si la decadencia de la Argentina se debía a un problema de ideas o a un problema de mafias. Mi primera conclusión fue que era una mezcla de las dos cosas. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, cada vez me convenzo más de que, en realidad, éste es un problema de mafias disimulado detrás de un telón que simula que se discuten ideas (aunque viendo cómo se matan en la provincia de Buenos Aires por ver quién va en cada lista, ya ni siquiera disimulan la ambición de poder).

Pero volviendo al tema de las ideas y las mafias, la conclusión a la que estoy llegando es que todos aquellos que por interés personal o por confusión defienden este sistema de gobierno, crean las condiciones ideales para que la corrupción sea incontrolable y las mafias se enquisten en el poder.

¿Qué quiero decir con este sistema de gobierno? Me refiero a la farsa democrática que nos venden. En nuestro país se ha instalado la idea de que quien tiene la mayor cantidad de votos tiene derecho a hacer lo que se le da la gana. En otras palabras, como lo he sostenido en infinidad de oportunidades, en nuestro país los gobernantes no se ajustan a un orden jurídico preestablecido en el cual el gobierno está limitado. Lo que tenemos son gobiernos no sujetos a la ley, con poderes ilimitados, que, argumentando que tienen la mayoría de los votos, se consideran con el derecho a generar fenomenales transferencias de ingresos y patrimonios. Para eso utilizan una serie de herramientas como digitar el tipo de cambio, planes “sociales” que manejan miles de millones de pesos, controles de precios, subsidios de todo tipo, etcétera. En definitiva, los gobernantes, siempre argumentando que sus medidas tienen un sentido social, declaran arbitrariamente a ganadores y perdedores dentro de la sociedad. Son los funcionarios públicos de diferentes rangos los que, con sus firmas, pueden autorizar un aumento de tarifas, un nuevo negocio o lo que sea. La monumental maquinaria burocrática que existe en la Argentina no es solamente fruto de la incapacidad de los gobernantes para intentar desmantelarla. Es que esa maquinaria es la que les permite crear una serie de kioscos que explotan como si fueran un negocio personal. Por supuesto que los “peajes” que se cobran en cada kiosco dependen del nivel de negocios que pasan por ellos. No es lo mismo lograr que a uno le aprueben el formulario A287Jbis para demostrar que cumplió con todos los trámites correspondientes de transferencia de algún auto que vendió, que lograr que algún funcionario firme la aprobación de algún subsidio de varios millones de pesos.

Ahora bien, si el funcionario público de turno tiene el poder de decidir quién gana y quién pierde, es obvio que aquél que quiera estar entre los ganadores estará dispuesto a pagar el “peaje” correspondiente para salir “sorteado”. Pero también puede darse otro caso en este sistema de gobiernos no sujetos a la ley, que consiste en que un funcionario impulse alguna medida que perjudica a un sector determinado. Ese sector va a ir a ver al funcionario para evitar que salga la norma que lo perjudica. ¿Cómo puede evitarse que la norma salga? Muy fácil, el funcionario pedirá un porcentaje determinado del perjuicio económico que le causa al sector y, si el sector acepta, retira el proyecto de norma que impulsa. Los dos hacen negocio. El sector amenazado prefiere pagarle 20 de peaje al funcionario de turno para evitar perder 100. Y el funcionario de turno engrosará su patrimonio personal con alguna cuenta que, me juego la vida, seguro que no la tiene en Burkina Faso o Burindi, a pesar de sus declamaciones a favor de los más necesitados y el sentido social de sus políticas. Porque, seamos lógicos, una cosa es llorar por los pobres y otra muy distinta es ser idiota. Porque por los pobres hay que llorar, pero la plata que ganan por los “peajes” que cobran la depositan en los países que les aseguran que no van a sufrir pesificaciones, confiscaciones y cosas por el estilo.

Cuando en un país no existe un gobierno limitado y sujeto a la ley, sino que la ley son los gobernantes de turno escudándose en que tienen más votos, los ingresos y patrimonios de sus habitantes quedan sometidos al arbitrio de esos gobernantes. De esa forma, el Parlamento y el Ejecutivo terminan transformándose en un mercado donde se trafican derechos de terceros. Los argumentos para esconder la corrupción siempre van a ser más o menos los mismos: “estas medidas tienen profundo contenido social”, “estamos defendiendo la producción nacional”, “es indispensable que el Estado acuda en ayuda de los más necesitados”. Y ojo con que alguien se atreva a oponerse a semejantes arbitrariedades, porque el calificativo más liviano que va a recibir es el de oligarca que desprecia a los pobres o antipatria que no defiende lo nacional.

La corrupción no depende de si un funcionario es honesto o no. Realmente me causan gracias todos esos demagogos que se disfrazan de honestos y sostienen que cuando ellos lleguen al poder van a terminar con la corrupción. Y me causan gracia por dos razones: a) porque cuando llegan al poder se olvidan de su discurso y pasan a ser progres que viven en Recoleta, viajan a EE.UU. y tienen cuentas en Luxemburgo, Suiza o Nueva York, y b) porque la corrupción no se elimina poniendo a un tipo honesto en un cargo público, la corrupción se elimina extirpando la causa que la genera. ¿Cuál es esa causa? El poder ilimitado que tienen los gobernantes para decidir sobre la vida y la fortuna de las personas. Eliminemos las regulaciones, el poder de los gobernantes para declarar ganadores y perdedores, reduzcamos en serio la burocracia estatal y veremos como la corrupción, si no desaparece, al menos se reduce a niveles mínimos.

Por supuesto que, para que los voten, los mafiosos van a tirarle algún hueso a los pobres para mantenerlos tranquilos y, de paso, conseguir que los voten, porque de esos huesos que les tiran depende la gente para sobrevivir.

Reconozcamos que el mecanismo de estas mafias es diabólicamente perfecto. Aparecen ante la sociedad como los tipos con sensibilidad social que reparten la plata ajena, sumergen a la gente en la pobreza e ignorancia para que los voten y, mientras tanto, escudándose en que tiene la mayoría de los votos, hacen fortunas traficando descaradamente los derechos de la gente.

¡Cómo estos mafiosos van a querer gobiernos limitados si bajo un gobierno limitado se les acaba el negocio! Y mientras los gobernantes con poderes ilimitados cuentan los billetes, siempre aparece algún despistado diciendo: “¡al fin alguien que hace justicia social, defiende la producción nacional y le pone un límite al capitalismo salvaje!”. © www.economiaparatodos.com.ar