La imposibilidad de aplicar una eficaz política contra la delincuencia se explica, operativamente, por la ausencia de un apropiado régimen de sanciones. Conviene, por ende, analizar qué implica la existencia de un apropiado régimen de sanciones.

La conducta delictiva es, esencialmente, el producto de una decisión. Un individuo que asalta, secuestra o mata, por nombrar algunos delitos, lo hace porque decide hacerlo. La delincuencia no es un acto inconsciente o involuntario. Es, por el contrario, la consecuencia de una evaluación de circunstancias que un individuo realiza de modo deliberado. Un individuo elige delinquir porque considera que eso es lo que más conveniente le resulta del conjunto de alternativas que las circunstancias situaron en su “menú” de posibilidades. El análisis de las conductas delictivas debe trasladarse, por tanto, a la situación en la que un individuo toma la decisión de delinquir.

La voluntad de pasar de una situación peor a una mejor forma parte de la naturaleza de la condición humana. Todos deseamos progresar en la vida, para lo cual empleamos nuestras habilidades y nuestros conocimientos y los aplicamos a la realidad en la que estamos inmersos. En la Argentina actual, el delito es una buena forma de progresar en la vida… Para algunos, este comentario quizá resulte escandaloso, pero no por eso dejará de ser cierto. Hemos creado un orden social donde la vulneración de la ley permite pasar de una situación peor a una mejor. “Tenemos que dejar de robar dos años”, dijo alguna vez el “filósofo” José Luis Barrionuevo, reconociendo implícitamente que la vulneración de la ley es más rentable que su cumplimiento. En tanto esta circunstancia no se modifique, la lucha contra la delincuencia será una batalla perdida. Dentro de este panorama, la existencia de un apropiado régimen de sanciones es una herramienta esencial. Veamos por qué.

Para que la comisión de delitos sea más conveniente que el cumplimiento de la ley es necesario que las perspectivas de recibir una sanción sean bajas, lo cual reduce el riesgo de que el costo que el delincuente deba pagar por operar fuera de la ley sea elevado. En cambio, si las posibilidades de que un delincuente sea sancionado son elevadas, el estímulo para delinquir disminuye porque la perspectiva de recibir una sanción grave aumenta el riesgo potencial de la conducta delictiva. En Argentina, en la práctica, el riesgo de ser sancionado por cometer delitos es muy bajo y eso induce a las conductas delictivas porque convierte al delito en un medio apropiado para pasar de una situación peor a una mejor…

Esto que estamos consignando es terrible. El hecho de tener que admitir que vivimos en un país donde el acto de delinquir es un medio apropiado para progresar en la vida es lacerante para nuestra dignidad como país, como ciudadanos, como miembros del cuerpo social. Por doloroso que sea, sin embargo, es la verdad. Y por mucho que queramos desconocer esa verdad, no por eso dejará de formar parte de nuestra realidad, de una realidad que nosotros mismos hemos creado con nuestras decisiones colectivas (obviamente, las responsabilidades individuales no son las mismas en todos los casos). ¿Tiene solución el problema? Por supuesto que podría tenerla. Lo que nos ocurre es el resultado de nuestras propias decisiones colectivas erróneas y, en consecuencia, la solución está al alcance de la mano. Debemos rectificar nuestras propias decisiones, las que nos han llevado a la situación en la que estamos ahora.

Los responsables de aplicar las sanciones que correspondan a los delincuentes son, naturalmente, los jueces penales. Son ellos quienes tienen criterios sumamente permisivos en relación a la aplicación de sanciones a los delincuentes. Por supuesto, existen normativas legales que les permiten actuar de ese modo y, en algunos casos, se lo exigen. Pero, además de los vericuetos procesales que facultan a los abogados a emplear todo tipo de artilugios para que sus defendidos no sean efectivamente sancionados, existe en el conjunto de la sociedad una suerte de “cultura de la permisividad” que convierte a la aplicación de sanciones a quienes violan cualquier tipo de normas en una institución desprestigiada socialmente. En las escuelas, por ejemplo, existen dificultades para mantener la disciplina porque no hay reglas estrictas para sancionar a los alumnos que vulneran las normas establecidas. En este contexto, tampoco se puede exigir a los jueces penales que sean “quijotes” y que resuelvan ellos solos un problema que tiene raíces sociológicas mucho más profundas, sin perjuicio de que algunos jueces son permisivos por convicción como, por ejemplo, el paradigma del derecho penal argentino actual, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Eugenio Zaffaroni.

La ausencia de sanciones es, en definitiva, la madre de las conductas delictivas y en la corrección de esa anomalía reside la solución real del problema de la delincuencia. No se trata de discutir el problema en términos teóricos, acerca de si la aplicación de sanciones está bien o está mal en términos éticos. Hay un hecho práctico: delinquir es conveniente como medio para progresar en la vida porque la bajísima probabilidad de ser sancionado estimula la comisión de delitos. Es necesario reformular esa ecuación. En tanto esto no cambie, el problema de la delincuencia y la falta de seguridad que trae aparejada continuarán vigentes. No sería para nada inoportuno iniciar un proceso de revisión de toda la cuestión. © www.economiaparatodos.com.ar