En un artículo anterior planteábamos una serie de reflexiones sobre la crisis del capitalismo sin reglas morales. Ahora examinaremos las reglas permisivas que gestaron esta terrible crisis mundial.

Gramm-Leach-Bliley Act (1999)

Como consecuencia de una política progresista, que prometía la distribución igualitaria de la riqueza, el parlamento americano ahora con mayoría demócrata, sancionó la ley Gramm-Leach-Bliley en noviembre de 1999, que derogó la severa norma que había hecho sólido y solvente al sistema bancario americano durante 70 años.

Esta nueva ley autorizó a los bancos comerciales a convertirse en “industria financiera” para ofrecer diversos “productos financieros”. También permitió a las Sociedades de Bolsa y a las firmas de corredores de Wall Street transformarse en Banca de inversión. De este modo, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Salomon brothers, Smith-Barney, Lehman Brothers y Morgan Stanley, se convirtieron en gestores responsables de incubar la crisis financiera mundial que estalló a mediados de septiembre 2008.

Al disolverse la disciplina bancaria, los bancos comerciales comenzaron a participar en negocios de seguros, organizaron fondos de pensiones, desde sus salones vendían automóviles y artículos del hogar, crearon sus propias tarjetas de crédito y actuaron en inversiones especulativas, solos o asociados con la Banca de inversión. Los casos paradigmáticos de esta codiciosa política bancaria fueron el Citigroup y el Wachovia Bank, ambos a punto de quebrar.

Simultáneamente se permitió una oleada de fusiones y adquisiciones, y se dio piedra libre para que la banca de inversión ofreciera derivados financieros, apalancados en astronómicos múltiplos de su propio capital. Cuantas más emisiones de bonos, mayores utilidades y mayores fortunas ingresaban en el bolsillo de banqueros insaciables.

El negocio de los bancos dejó de ser la solidez y la solvencia, para pasar a ser la expansión, la multiplicación de negocios y las oportunidades lucrativas.

La securitización y la paquetización

Este cambio regulatorio de amplia permisividad, fue alimentado por la expansión monetaria que Alan Greenspan provocaba con sus constantes bajas de tasas de interés. La Reserva Federal se enroló en una política destinada a promover nichos especulativos que sirvieran como warehouses -depósitos contenedores- del exceso de fondos creados por ella misma.

Así, Alan Greenspan podía impedir que la creación de dinero destinado a financiar el déficit del gobierno y las aventuras bélicas como la Guerra de Irak, provocaran inflación en los artículos de consumo diario, los bienes intermedios y la producción industrial. La nueva y abundante masa de dinero se canalizaba hacia mercados especulativos -como las hipotecas subprime- permitiendo detener el flujo hacia aquellos mercados que constituían el corazón de la canasta del consumidor final. Pero, finalmente se produjo un ingreso arrollador en los mercados de commodities y los precios se dispararon, beneficiando al petróleo, la soja, el cobre y todos los granos.

De este modo, surgieron distintas burbujas financieras, convalidadas por atractivas figuras jurídicas, que crearon el ropaje para convertir los activos fijos en activos transmisibles por la simple entrega.

El argumento no dejaba de ser interesante. Se trataba de movilizar lo que de por sí estaba inmovilizado, convirtiendo en bienes circulantes a inmuebles y equipos de producción.

Allí aparece ese engendro jurídico denominado “securitización” que dio lugar a la multiplicación de papeles negociables y la atomización de garantías por todo el mundo. La “securitización” prohijó la aparición de los famosos activos tóxicos, creándose títulos de propiedad súper abstractos. Se emitía un documento legal sobre un activo fijo, al cual se agrega otro instrumento legal -como la hipoteca- que cargaba a su vez con el valor de otro activo. Ambos papeles se “paquetizaban” y se añadían a otros documentos securitizados. Luego, se mezclaban, se dividían, subdividían y repartían en infinitos paquetes de innumerables hedge funds. Dentro de un mismo paquete -que solía recibir la calificación de notas doble A o triple A- se formaban los famosos “derivados financieros” o “bonos estructurados”.

Actualmente, nadie sabe dónde están estos papeles, cuáles son, qué garantías tienen, cuánto valen, ni quién los posee. Sólo se conocen los nombres rimbombantes de ciertos Fondos bautizados para despertar el interés de inversores codiciosos en países donde había excedentes de fondos.

Con este proceso de “securitización”, la Banca de inversión consiguió apalancar infinitas veces su propio capital. De ese modo crecían exponencialmente los negocios sobre los cuales sus directivos cobraban fabulosos “bonus anuales” y recibían “opciones de compra de acciones” para casos de retiro, que en la jerga financiera americana se denominaban “golden parachutes”.

En dos años, Henry Paulson, anterior secretario del Tesoro americano, encargado de administrar el salvataje, había cobrado precisamente u$s 111 millones de Goldman Sachs, uno de los bancos que debían ser salvados por él mismo.

Idénticos procedimientos se aplicaron imprudentemente sobre un elevado número de hipotecas de pésima calidad, que fueron extendiéndose como mancha de aceite por todo el mundo.

Community Reinvestment Act (1995)

Un eslabón fatal del intervencionismo estatal en el gobierno demócrata de Bill Clinton, fue la ley Community Reinvestment Act (CRA) destinada a facilitar el otorgamiento de créditos a la población de origen afroamericano, residentes indocumentados y desocupados.

Dicha ley federal obligó a los bancos y sociedades mutuales de ahorro a conceder un cupo de créditos a grupo sociales marginales, aún cuando no ofrecieran garantías de repago.

Comenzaron a lanzarse planes de hipotecas de 2º y 3º grado sobre una misma propiedad a medida que el precio de mercado aumentaba el valor de la misma. Las hipotecas sub-prime permitían cumplir con las obligaciones legales de cupos para esos marginados sociales.

Los casos de insolvencias se cubrían mediante la “paquetizaciòn” de los “derivados financieros” porque permitía envolverlos con productos de mayor calidad. En materia financiera se implantó el criterio político de las listas sábanas donde un personaje muy atractivo, a la cabeza de la lista, arrastra a un grupo de impresentables que le siguen.

Esa y no otra fue la razón de la enorme popularidad de Bill Clinton entre los electores de raza africana e indocumentados. Casi el 80 % de la población americana pudo tener una vivienda propia, hipotecada a largo plazo, por encima de sus posibilidades de amortización.

Hud’s Regulation of Government Sponsored Enterprises (1995-2001)

El ultimo eslabón en esta cadena de intervenciones fue la Hud’s Regulation of Government Sponsored Enterprises (GSeS) establecida también por el gobierno de Bill Clinton entre 1995 y 2001.

Los bancos y las entidades financieras al darse cuenta del riesgo que corrían por aplicación de la anterior norma legal, reclamaron garantías e impunidad penal frente a reclamos de potenciales inversores.

Entonces, el gobierno demócrata decidió ofrecer garantía estatal a todas las hipotecas sub-prime de empresas constructoras dedicadas a emprendimientos inmobiliarios de magnitud. El patrocinio estatal se hizo mediante las Hud’s Regulation of Government Sponsored Enterprises (GSeS) que garantizaban los activos tóxicos a través de dos gigantescas empresas privadas amparadas por el Estado: Fannie Mae (que al momento de su quiebra presentaba activos de hipotecas sub-prime por u$s 882,5 mil millones) y Freddie Mac (quien tenía hipotecas similares por u$s 794,3 mil millones). En total 1,7 trillones de dólares (u$s 1.700.000.000.000).

Adviértase la magnitud de tales activos, equivalentes a 2,5 veces el monto del salvataje que el Congreso otorgó al presidente George W.Bush. Con esta garantía, los emisores de bonos especulativos, pudieron ofrecer alegremente créditos a quienes quisieran comprar viviendas cualquier fuese la disparidad entre sus ingresos y el costo de los inmuebles. EE. UU. disfrutó de una verdadera orgía de endeudamiento.

Como puede verse, la génesis de la crisis financiera mundial no fue tanto una consecuencia del “Consenso de Washington” ni de los principios liberales sino de la formulación de pésimas reglas progresistas que dieron luz verde a cuanto negociado imprudente podía llevarse a cabo. Es cierto que este proceso, gestado en el seno del partido demócrata durante la presidencia de Bill Clinton, permitió que cualquier ciudadano americano pudiese tener vivienda propia por encima de sus posibilidades, pero embarcó al mundo entero en una crisis que no tiene precedentes, cuando esos deudores no pudieron pagar sus cuentas.

En el proceso de salvataje desarrollado en EE.UU. y la Unión Europea nadie hasta ahora ha podido ver una sola medida para poner punto final a este disparatado intervencionismo estatal, que sigue latente y reforzado con el nuevo gobierno demócrata de Barack Obama.

Por el contrario los esfuerzos de los gobiernos se concentraron en mantener intacto el sistema que ocasionó la enorme crisis mundial e incluso premiando a sus actores responsables.

Al igual que en 1929, hasta que no aparezcan severas reglas de confianza y disciplina para poner en caja la actividad bancaria, no será posible restaurar la confianza pública. Esas severas reglas no son otra cosa más que la formulación en términos económicos y financieros de las viejas reglas morales que encausaban la conducta de los seres humanos dentro de carriles del bien común, el respeto a la propiedad privada, la vida austera, el cumplimiento de la palabra empeñada y la responsabilidad personal frente a las decisiones individuales. © www.economiaparatodos.com.ar

Antonio I. Margariti es economista y autor del libro “Impuestos y pobreza. Un cambio copernicano en el sistema impositivo para que todos podamos vivir dignamente”, editado por la Fundación Libertad.