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EPT | February 6, 2023

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Jueves 29 de junio de 2006

Montoya: ¿para esto quiere el dinero?

Igual ímpetu y tenacidad que los empleados para perseguir a los morosos impositivos deberían ser aplicados para exigir que los funcionarios públicos rindan cuentas respecto a la forma en que gastan los impuestos que pagan los ciudadanos.

En el periódico La Nación del domingo 25 de junio de 2006 salió una noticia titulada “Diputados bonaerenses piden elevar sus dietas”. Más allá de la justicia o no del reclamo, lo que interesa analizar en esta oportunidad son los datos que aporta el artículo, ya que en el mismo se dice: “Cada uno de los 92 diputados bonaerenses percibe un sueldo de bolsillo de 5.800 pesos. Además, los legisladores administran unos 25.000 pesos mensuales en módulos para contratación de personal, 40.000 pesos anuales destinados a subsidios y 45.000 pesos anuales para becas”. Y agrega: “Ismael Passaglia, presidente de la Cámara baja (…) argumentó que el de los diputados bonaerenses es ‘uno de los salarios más bajos’ porque ‘no hay plus por desarraigo, pasajes aéreos, ni gastos de representación’”.

Sería muy interesante poder conocer qué criterio de selección se utiliza para la contratación de personal. Supongo que el mismo estará guiado por el de idoneidad. También me gustaría saber a quiénes se les otorgan dichas becas y subsidios. El sistema republicano se caracteriza, entre otras cosas, por la obligatoriedad de dar a conocer los actos de los funcionarios públicos. Deberían pues estos diputados, hoy preocupados por la pérdida de poder adquisitivo de sus dietas, dar a conocer el destino final de semejantes fortunas. Casi medio millón de pesos anuales quedan bajo la discrecionalidad de cada uno de los 92 diputados provinciales, a lo que habría que sumarle los 46 senadores provinciales que perciben un sueldo bruto de 10.000 pesos mensuales, de acuerdo al mismo artículo.

Hemos sido testigos en los últimos tiempos de operativos “espectaculares” destinados a cobrar impuestos a los morosos en la provincia de Buenos Aires, y no se trata acá de quitarle justicia al hecho de que el que debe tiene que pagar (algo que generalmente no hace el gobierno cuando no reconoce sus deudas). Pero también es cierto que la justicia del tributo tiene como contrapartida la obligación de la prestación de los servicios que se están pagando con esos impuestos. ¿Acaso los representantes de la provincia en cuestión devuelven en acciones lo que se cobran en impuestos? ¿Bajo qué argumento se apoderan de casi 100.000 pesos anuales cada uno de los diputados para repartirlo según su propio criterio? ¿Existe un banco de datos fácilmente accesible (online por ejemplo) donde se pueda comprobar a dónde van dichos fondos? ¿Se realizan concursos públicos de antecedentes y capacidades para ocupar los cargos públicos? ¿O, más vale, los nombramientos terminan en padres, hijos, novios o amantes?

Estimo que sería mucho mejor que cada ciudadanos elija a quién quiere ayudar o becar en lugar de que los diputados se apropien de nuestros recursos para hacer clientelismo político (porque de eso se trata). Hace unas semanas se dio el caso de una diputada provincial que “regaló” un televisor color a un centro de jubilados para que vieran el Mundial (muy oportuna). Me pregunto si será el televisor que tenía en el living de su casa o si lo habremos pagado todos.

Señor Montoya: yo diría que con el mismo ímpetu y tenacidad con que usted quiere cobrar impuestos adeudados también debería venir por parte de las autoridades provinciales un informe de qué es lo que se hace con lo mismos. Sé que esa no es su función, pero como usted es el encargado de “escrachar” a los morosos, también debería tener presente esto a la hora de llamar a las cámaras de televisión en operativos que luego son anulados por la Justicia.

Los depositarios transitorios de la soberanía política han sido elegidos para administrar la cosa pública, no para hacer lo que se les da la gana con los fondos públicos sin rendir cuenta de ellos. Curiosamente, se ha invertido la carga de la prueba y los que debemos rendir cuentas a la oficina de ingresos públicos somos los que pagamos, mientras que los que gastan con un criterio totalmente arbitrario (enmascarado en el nombre de la “justicia social”) no rinden cuentas. Pero eso me pregunto, señor Montoya, ¿para esto quiere el dinero? © www.economiaparatodos.com.ar



Alejandro Gómez es profesor de Historia.




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