Suecia es reconocida por implementar el denominado “Estado Benefactor”, cuyo principal capital es la equitativa distribución de la riqueza. Desde el robusto sistema de salud hasta los generosos subsidios al desempleo, este modelo intentó instalarse como un camino intermedio entre el capitalismo y el socialismo. Más allá de los logros a nivel de calidad de vida de su población, comienza a debatirse su sustentabilidad a mediano y largo plazo. El economista jefe de la Agencia de Admistración Pública de Suecia, Richard Murray, alertó recientemente sobre la posibilidad de que el descalabro de las cuentas públicas y la creciente presión tributaria hagan colapsar el sistema.

Murray destaca en un paper titulado “El Estado Benefactor sueco al final del camino”, que el margen para incrementar los impuestos es casi nulo, lo que en la práctica llevaría a desfinanciar el actual sistema que soporta una demanda creciente de sus servicios.

El ratio impuestos/PBI supera el 50 %, convirtiendo a Suecia en el país con mayor presión tributaria del mundo, a pesar de que 44 años atrás esa relación era exactamente la mitad. “Estos aumentos son los que sostienen el actual gasto del Estado”, señaló Murray, quien además augura severas dificultades en materia fiscal si se quiere mantener sin modificaciones el actual “estado de bienestar”. El autor critica las posiciones que toma la clase política sueca –principalmente la socialdemocracia que gobierna en la actualidad- acerca de los aumentos de impuestos al considerar que subestiman el problema de fondo. “Se cree que son un acto de solidaridad para mantener los servicios para todos, pero no ven que los mayores impuestos tendrán como correlato los diferentes tipos de evasión, fuga de capitales y economía en negro”, apunta Murray para terminar señalando que dichos incrementos financian al sistema pero no el crecimiento económico del país. De tal forma sucede esto- sostiene el economista- que el aumento de la actividad en Suecia y en varios países europeos se produjo con “menor empleo”. “El mayor número de empleados fue compensada por una reducción en las horas trabajadas por empleado, alargamiento de las vacaciones y jubilaciones a menor edad”. Sin embargo, la actual tasa de desempleo en Suecia es del 1,2 %, incluso inferior a la cantidad de personas con licencias por enfermedad.

En otro párrafo del documento, Murray hace hincapié en la menor productividad del sector público comparado con el privado, que llegaría a 1,6 por ciento anual si se mide la evolución de los últimos 40 años.

¿Cómo sanear el modelo? El autor plantea algunas opciones: hacer más eficientes los servicos públicos, aumentar aún más los impuestos, lograr que la gente vuelva a trabajar, incrementar la inmigración, privatizar ciertos servicos y cobrar por la seguridad social. Luego de analizar las seis alternativas, Murray llega a la conclusión de que la solución más viable sería combinar privatizaciones con aranceles a los servicios públicos- universidades y rutas, por ejemplo-.

“La diferencia entre las dos opciones radica en que en una de ellas (arancelamiento), la producción de los servicios la mantiene el Estado. Esto significa que el diseño de la producción, el nivel de calidad, los canales de distribución, etc. quedan en manos de sus dueños, los políticos. La otra posibilidad (privatización) no significa la pérdida total del control público, ya que puede ser combinada con la regulación de los productores y los mercados”, explica el economista.

A pesar de plantear posibles soluciones para mantener la actual calidad de las prestaciones, el autor no se manifiesta esperanzado con un futuro cambio de rumbo. Por el contrario, recuerda que la real sustentabilidad del “estado benefactor” la brinda la población sueca. “La gente disfruta actualmente de este modelo, pero es difícil de mantenerlo a futuro”, dice. Proyecciones privadas muestran que la cantidad de personas de entre 20 y 62 años con posibilidad de trabajar disminuirá fuertemente en los próximos 40 años, provocando que el aumento de la clase pasiva – requiriendo mayores servicios en salud- sofoque el sistema.

Un dato que pinta de cuerpo entero a la economía sueca muestra que mientras en 1970 0,84 personas dependían del sector público vía los contribuyentes del sector privado, en el 2000 la relación creció a 1,52 personas.

La presión impositiva no sólo está afectando la futura financiación del modelo de bienestar sino que está alejando la inversión extranjera directa. Según Murray, la competencia entre la Unión Europea para atraer capitales – disminiyendo gravámenes-está siendo aprovechada por Irlanda. La tasa promedio de los países europeos llega al 40 por ciento.

El paper concluye con la pregunta: ¿qué sigue?, donde el autor reconoce que el debate sobre la sustentabilidad del modelo tardará en instalarse en la clase política. Hace hincapié en la idiosincrasia de la población sueca y la formación de sus funcionarios, quienes construyeron su identidad e ideología en base al “estado benefactor”.

“Demostrará gran templanza admitir que el desarrollo de la sociedad de bienestar en la forma que conocemos ha llegado a su fin, incluso asumiendo las dificultades de sostener el nivel presente de los servicios asumidos”, reflexiona el economista. “Varias percepciones instaladas tienen que ser sustituidas por otras nuevas”, apunta y ejemplifica: “La idea de que los servicios públicos gratuitos equilibran la distribución de los ingresos era una teoría cierta hace 30 años atrás, no ahora”.
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Leandro Gabin es periodista egresado de TEA y actualmente se encuentra cursando un Posgrado en Periodismo Económico en la Universidad de Buenos Aires.