Aníbal (que es Fernández), el ministro de Interior del presidente Néstor (que es Kirchner), dijo la semana pasada, sumándose al ejército de castigadores profesionales de Mauricio (que es Macri), que el candidato del PRO era un peligro para la ciudad de Buenos Aires porque representaba el regreso a las políticas de los 90. Para demostrarlo, echó mano de un ejemplo muy interesante. Fernández (que es Aníbal), dijo que Macri (que es Mauricio) había votado en contra de la ley que modificó recientemente el régimen de jubilaciones y pensiones y que eso demostraba cómo Macri (que es Mauricio) estaba en contra de los jubilados.

A ver, a ver, a ver… ¿Fernández (que es Aníbal) insinúa que el sólo hecho de emitir un voto legislativo en contra del proyecto de ley del oficialismo significa estar en contra de los jubilados? Curioso, como mínimo, si es así. Primero, porque cabría preguntarse cuál era el espíritu con el que el Poder Ejecutivo envió el proyecto al Congreso. ¿Acaso no sabe Fernández (que es Aníbal) que efectivamente los proyectos en el Congreso pueden correr la suerte de ser votados en contra o a favor? ¿No sabe, acaso, el ministro del Interior, que es abogado y contador, que, justamente, los proyectos se presentan al Congreso para eso: para ser votados a favor y en contra?

Si lo sabe (y no puede no saberlo), entonces habrá que concluir que el ministro infiere que la única manera de perseguir el bien de la gente es su propia manera y que la manera de los demás es, necesariamente, anti argentina y anti pueblo.

Si Fernández (que es Aníbal) tuviera esta concepción, antes de responder el interrogante que sirve de título a esta columna, deberíamos saber si el ministro del Interior conoce (o, si los conoce, si está decidido a respetarlos) los alcances del Estado de Derecho.

El Estado de Derecho implica el respeto de las mayorías y de las minorías. Es un sistema que mediante la tolerancia, el respeto y la buena fe permite que gente que piensa efectivamente distinto pueda vivir junta y que unos no piensen de los otros que son sus enemigos sino, simplemente, personas que creen que el bien común se puede alcanzar por otros caminos. Los únicos enemigos en un verdadero Estado de Derecho deberían ser los déspotas, los que cercenan la libertad, las ideas que implican la reducción del hombre a la servidumbre. Esos y no otros deberían merecer condena en el gobierno de la ley. Pero votar en contra de las ideas de un determinado proyecto no quiere decir que se esté queriendo perjudicar a los sujetos a los cuales la ley les será aplicada. Se trata, simplemente, del juego democrático de opinar diferente y de creer que los mismos objetivos de buscar el bien general se obtendrían mejor siguiendo otro método. ¿Es tan difícil de entender eso?

Por lo demás, si queremos ir al fondo del asunto y responder la pregunta del título, el ministro no cuenta con los favores de la Historia. Un sistema como el aprobado, que más que dar la libertad de elegir volver al reparto es una invitación a hacerlo (y, en muchos casos, una obligación), dista mucho de poder ser considerado a priori como “favorable” a los jubilados, como dijo Fernández (que es Aníbal).

De hecho, ya hemos dicho hasta el cansancio en estas mismas columnas que, cuando no existía en el país otro sistema jubilatorio que no fuera el de reparto, los jubilados fueron las víctimas de una de las más grandes estafas jamás cometidas en la Argentina: sus fondos acumulados durante décadas literalmente desaparecieron, cuando los fueron a cobrar no estaban. Claramente, la filosofía que defiende el ministro no cuenta con los favores de los antecedentes.

En el presente, en cambio, cuando en función de la nueva ley el Estado exige a las AFJPs el traspaso de los fondos de aquellos afiliados que han optado por volver al sistema estatal, los fondos están. No se ha sabido hasta ahora de ningún afiliado estafado. No se conoce ningún caso en donde los fondos que el Estado exige que se traspasen hayan desaparecido, como ocurrió con los de las Cajas de Jubilaciones, de las que deberían haber cobrado mis abuelos.

Con estos antecedentes, Macri (que es Mauricio) podría haber contestado con el mismo argumento: los que votaron a favor de la ley están contra de los jubilados y, como en el pasado, preparan el terreno para una nueva estafa. Obviamente, no se puede vivir así.

La idea del gobierno de la ley y del derecho parte del supuesto de que los ciudadanos de una sociedad son eso: “socios” con diferentes puntos de vista, diferentes maneras de buscar el bien común, pero “socios”, no enemigos. Por supuesto, para aquellos a los que se les pruebe ilegalidades estará la ley. Sin embargo, los que participan en la vida pública exponiendo sus ideas no pueden ser considerados unos “tales por cuales” por el solo hecho de votar un proyecto de ley de una determinada manera o, lo que es claramente mucho peor, por llevar un determinado apellido.

Si tienen alguna prueba que indique que Macri (que es Mauricio) perjudicó al pueblo argentino, que se diga con todas las letras y que se presenten las evidencias ante la Justicia para condenarlo como un verdadero delincuente. Por el contrario, señalarlo como enemigo del pueblo por tener una determinada idea no es compatible con la república en la que se supone queremos vivir. El delito de opinión no existe en el gobierno de la ley, señor Aníbal (que es Fernández). © www.economiaparatodos.com.ar