Algunos memoriosos recordarán la superproducción cinematográfica basada en el testimonio de San Ambrosio, obispo de Milán, quien dejó escrito que huyendo San Pedro de las persecuciones en Roma, se le apareció Jesús y le hizo la siguiente pregunta: ¿Quo vadis? (¿Adónde vas?).

Pues bien, la misma punzante interpelación podemos hoy hacer a nuestro presidente: ¿Quo vadis, Néstor?

Porque de la observación imparcial y crítica de su gestión de gobierno estamos comprobando un deplorable trabajo de zapa que, mediante acciones abiertas o enmascaradas, destruye progresivamente toda manifestación de racionalidad económica.

Es cierto que este desempeño no es apreciado en el corto plazo y de ninguna manera puede sospecharse que sea premeditado, pero, sin embargo, producirá los mismos resultados en pocos años.

Ello puede ser el fruto de una o varias de estas razones: a) la ignorancia supina sobre cómo funciona una sociedad abierta; b) un prejuicio ideológico que perturba el entendimiento apasionándolo con utopías; c) una visión tan minúscula y restringida de la acción humana que no alcanza a percibir la magnitud del daño que se ocasiona con medidas impulsivas y contradictorias.

También hay que reconocer que para un político que no ha cultivado su mente, que nunca pudo ver buenos ejemplos, que tampoco ha tenido lecturas profundas, ni trato frecuente con grandes maestros, es “misión imposible” poder imaginar cómo se hace un buen gobierno.

La enseñanza de Benedicto XVI

En su primera carta apostólica, el papa Ratzinger señala que la tarea principal de un gobernante es establecer un orden social justo tanto en la Sociedad como en el Estado, advirtiendo que el término “justo” tiene una importancia sustancial en los tiempos que vivimos porque “si no se respeta la justicia, el Estado se convierte en una banda de ladrones” (citando a San Agustín, “De civitate Dei” IV, 4).

¿Y cómo se realiza ese orden justo?

Para cumplir con esa tarea, el gobernante debe liberarse de las ideologías y del resentimiento, porque si actúa con ceguera ética engendrará el grave peligro de la preponderancia de su interés particular y será tentado a dejarse deslumbrar por la acumulación de poder. Primordialmente, el Estado debe estar al servicio de la persona humana y abstenerse de invadir la esfera propia de los individuos, de la familia y de los organismos intermedios de la sociedad. Luego debe ayudar a estructurar una sociedad civil, lo cual es más importante que dedicarse a manipulaciones políticas. Finalmente, debe respetar un delicado equilibrio entre una triple autoridad: de legislación, de gobierno y de administración de justicia.

Qué es el orden social

La palabra orden es utilizada en dos sentidos distintos.

En el primero es el conjunto de reglas que representan un hecho fundado y concreto. Así puede haber un ordenamiento económico variando según las intenciones del gobernante de turno: liberal, socialista, mercantilista, corporativo o totalitario. Pero este ordenamiento legal, muchas veces, hace que el proceso económico diario –por el cual la gente trabaja, gana dinero, compra lo necesario y guarda algo para progresar– no se encuentre en equilibrio y esté plagado de innumerables injusticias.

En el segundo sentido, la palabra orden significa aquello que pertenece intrínsecamente a la naturaleza humana, es decir lo que proporciona equilibrio y mesura. En este caso, la concepción del orden en la multiplicidad de intereses consiste en encontrar cuál es el plan arquitectónico de la sociedad. Lo cual significa que el Estado promueva la integración racional de lo que es diverso en un todo para lograr esa estructura armónica.

Los seres humanos que habitan en un país, actúan y se desempeñan dentro de ordenamientos legales concretos, pero siempre buscan un orden económico justo y conveniente para alcanzar la plenitud de sus proyectos de vida.

Y ese orden económico puede constituirse actualmente de tres maneras: a) abandonándolo a la libre acción de las fuerzas económicas; b) imponiendo el interés de los grupos de presión enquistados en el Estado mediante aprietes legales o ilegales; y c) estableciendo, con leyes justas y la acción de la magistratura, un orden económico libre basado en la competencia con reglas éticas.

Formas de estructurar el orden económico

El único modo de establecer un orden económico justo consiste en ponernos de acuerdo, por encima de los partidos políticos, en cuáles serán los principios constituyentes de ese orden social, sabiendo de antemano que cuando los mercados estén estructurados, el proceso económico tendrá que abandonarse a sus propias leyes económicas.

La organización de los mercados no puede hacer mediante el patoterismo de funcionarios, ni por los desplantes retóricos de los discursos presidenciales, o utilizando matones reclutados entre quienes no tienen nada que perder, sino reconociendo claramente que existen dos propuestas contradictorias: a) establecer una sociedad libre y abierta con un sistema de competencia basado en normas éticas, donde el gobierno se ponga al servicio de la persona humana, o b) imponer la concepción totalitaria del Estado servil donde los ciudadanos son esclavizados y sometidos a las decisiones autocráticas de un individuo que ostenta la suma del poder público.

Destrucción de las bases del orden social

Distintas escuelas económicas han estudiado a fondo este arduo tema de cómo organizar la sociedad en base al equilibrio y la mesura para conseguir la armonía entre todos los actores sociales. Tanto la escuela de Friburgo de Walter Eucken como la escuela Austriaca de Friedrich Von Hayek y la escuela del Public Choice de James Buchanan han llegado a la conclusión de que la estructuración de los mercados debe hacerse en base a ciertos principios constituyentes para lograr un orden social justo.

Cuando, por miopía política o por una enfermiza concentración del poder, el gobierno ataca esos principios constituyentes, provoca la destrucción de las bases del orden social y produce inexorablemente el desorden y la anarquía.

Siete son los principios constituyentes de un orden social justo:
1º. Permitir el cálculo económico racional que sólo es posible dentro de un sistema de precios libres y nunca en regímenes de precios controlados o intervenidos.
2º. Asegurar la equidad en los intercambios de las personas mediante una moneda estable cuyo valor no sea determinado por las autoridades, sino por un equilibrio global en el mercado.
3º. Establecer mercados abiertos en todos los sectores, especialmente impidiendo leyes que crean mercados cautivos, otorgan monopolios legales y permiten el establecimiento de precios máximos y mínimos para favorecer a unos a expensas de otros.
4º. Garantizar el respeto irrestricto de los contratos haciendo que sean una ley entre las partes y éstas puedan asegurarse el cumplimiento de la palabra empeñada.
5º. Respetar el derecho a la propiedad privada de los bienes honestamente adquiridos, sin gravarla con una presión fiscal excesiva.
6º. Reconocer la libertad de contratación especialmente en materia de servicios públicos o privados, contratos laborales y sistemas previsionales.
7º. Determinar con claridad que el gran principio regulador de la vida en sociedad será la asunción plena de las responsabilidades personales, de manera que quien sea responsable, responda y no se oculte disipando la culpa hacia otras personas.

Cada uno de estos siete principios constituyentes de un orden social están hoy siendo socavados por medidas insólitas y por la acción del Gobierno que destruye las bases de sustentación de su propia autoridad, la cual depende del cumplimiento del mandato histórico de la Constitución Nacional, que consiste en: “constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, garantizar la seguridad, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y nuestra posteridad”. Si así no lo hicieren, que Dios y los ciudadanos se lo demanden. © www.economiaparatodos.com.ar



Antonio Margariti es economista y autor del libro “Impuestos y pobreza. Un cambio copernicano en el sistema impositivo para que todos podamos vivir dignamente”, editado por la Fundación Libertad de Rosario.