– Usted que convive cotidianamente con el tema de la seguridad, ¿piensa o ve que es real que son los jueces los que sueltan a los delincuentes?

– El tema de la seguridad y la justicia debe ser visto como un conjunto de instituciones. Para graficarlo, es como si fuera una cadena que empieza con una tarea del Estado de evitar que los delitos se cometan. Es decir, Axel Blumberg nunca debería haber sido secuestrado. Después, si se comete el delito, debe evitarse que las consecuencias sean graves. Es decir, el Estado debió haber evitado que lo mataran. Ahora, cometido el delito, debe buscarse a los responsables, someterlos a juicio, vencer su estado de inocencia buscando la prueba incriminatoria, dando un juicio justo y condenándolos, eventualmente. Recién en este último tramo, en ese último eslabón, se puede hablar de la condena. En esta instancia se podrá discutir qué pena se le va a imponer, cómo la va a cumplir, si la va a cumplir toda o una parte…
En el tema de la justicia, a mí la sensación que me da, es que hoy se está discutiendo sólo sobre el último eslabón de una cadena que está toda oxidada. En nuestra cadena de seguridad todos los eslabones están podridos.

– No hay prevención, por ejemplo…

– No funcionan las instituciones desde el principio del proceso. Ni la policía, ni los fiscales, ni los jueces de instrucción, ni el Congreso que dicta leyes, ni el Presidente que tiene que cubrir las vacantes de los jueces y que está absolutamente retrasado, ni el Servicio Penitenciario que tiene que cuidar a los presos, ni los jueces que dictan sentencia, ni el Código Penal. Pero el punto es que si se tiene toda una cadena que funciona mal y se cambia sólo el último eslabón, la cadena se va a romper igual. Porque si no se logra que las causas lleguen a juicio, finalmente, por más que se aumenten las penas, no se logra solucionar el problema.

– Estadísticamente, ¿usted tiene más casos que antes?

– Muchos más. Le diría que cuando empezó el sistema penal oral, en el año 1993, en promedio entraban unas quince causas por mes, aproximadamente. Hoy son alrededor de treinta. Se duplicó.

– ¿Y la gravedad de las causas es mayor?

– No le podría dar estadísticas concretas. Pero a medida que pasa el tiempo, se afinan las formas procesales. El nuevo Código lleva a juicio, por ejemplo, grandes estafas que antes a lo mejor no llegaban porque requerían una instrucción más grande. Y en esta cuestión, también hay que tener en claro que hay un montón de herramientas del análisis económico que se utilizan para permitir la inevitable selección que se hace. Yo, sin ir más lejos, recibo treinta causas por mes. Normalmente, para que un juzgado funcione de forma correcta, puede hacer dos, a lo sumo tres, juicios por mes. De hecho, hay causas complicadas que pueden llevar los treinta días. ¿Y qué se hace con las otras? Entonces el punto es que hay un montón de herramientas que hacen que el sistema se concentre en las causas más graves. Porque no se da abasto.

– Si uno impone la pena máxima, por ejemplo “fusilo al que secuestra y mata”, ¿eso en sí es disuasivo?

– No. Y menos si el delincuente está seguro de que la ley nunca lo va a agarrar.

– Entonces, como la ley nunca se aplica, ¿por más que se establezca la pena máxima, mientras la probabilidad de su aplicación sea tan baja, tan remota, el costo-beneficio de un delincuente para robar, o secuestrar o matar, sigue siendo tan alto que no sirve de nada?

– Esto lo dijo un economista que escribía sobre el sistema penal hace más de 200 años: “mucho más importante que penas altas es que no haya impunidad”. Y es así, porque yo le puedo prometer la pena de muerte pero si usted sabe que nunca va a llegar, es lo mismo que nada. Hay impunidad total.

– Como juez penal, ¿usted tiene herramientas para poner preso de por vida a un criminal que haya secuestrado y matado?

– De por vida, no. Porque hay regímenes de libertad condicional y otros artilugios.

– Pero el “2 por 1” ya no rige más, ¿no?

– No. Ahora deben cumplir la pena completa.

– Entonces, ¿por qué se arriesgan tanto a secuestrar y matar si hay esa posibilidad de caer presos por mucho tiempo?

– En primer lugar, porque no todos hacen el análisis costo-beneficio que estamos haciendo nosotros. Si uno ve la situación de muchas de las personas que salen a delinquir, no sé si piensan, cuando salen a la mañana, cuál es la condena del Código Penal que les espera si cometen un crimen.

– ¿Usted piensa que no tienen conciencia?

– Algunos no. Hay muchas causas que responden a su pregunta, una es ésta. De hecho, el secuestro extorsivo y el homicidio de policías fueron incluidos dentro de los delitos que preveían cadena perpetua. Y, sin embargo, durante el año pasado se siguió matando policías. La pena no fue disuasiva.
Otra razón que justifica esto es que, evidentemente, hay un sistema de corrupción que involucra a todos los sectores de seguridad y va desde la policía hacia todo el resto de las instituciones, en general.En la provincia de Buenos Aires no se puede tener una jefatura de policía en La Plata, con un secretario de seguridad allí, que sepa lo que ocurre o que pueda tener idea de lo que pasa en la comisaría de Azul, o en la de Trenque Lauquen y o en la de Bahía Blanca. Esos comisarios no pueden tener un control. Y los intendentes no tienen control sobre los comisarios tampoco. Es más, lo que sucede es que normalmente terminan en yunta unos con otros. Entonces, si no se tiene cuidado, al aumentar las penas se corre el riesgo de aumentar el precio de la corrupción. Si antes de la reforma la tentativa de robo con armas era un delito excarcelable, que un comisario largara a un delincuente tenía un precio. Mañana, si aumenta la pena, ese “favor” va a tener otro precio mucho más alto.

– Pero, ¿cómo es que si alguien va y apunta a otro con un arma, se lo puede dejar suelto? ¿Se puede o se debe?

– Se puede. No es nada que esté establecido o sea obligatorio, los jueces evalúan. Tal vez, dentro del Poder Judicial haya que hacer un replanteo de los criterios para tomar este tipo de decisiones.
Entre otras cosas, las libertades condicionales están en manos de jueces de instrucción totalmente sobrepasados de casos. No tienen posibilidad de controlar a nadie y, una vez chequeadas las condiciones formales, terminan dejando en libertad, es decir, le establecen ese beneficio a personas que, a lo mejor, podrían monitorear y hacerles un seguimiento si, en vez de 3 juzgados, hubiera 6 y, en vez de un solo juez por juzgado, hubiera 3.
Es un tema muy complejo que es muy difícil de resolver y de abarcar a la ligera. Mi miedo es justamente que el Congreso diga: “Ya aumentamos las penas, resolvimos el problema. Olvidémonos del asunto”.

– Claro, porque no es solamente subir las penas, sino también subir la probabilidad de que los agarren y de que tengan que cumplir esa pena…

– Sí, pero también hacer las reformas constitucionales necesarias. © www.economiaparatodos.com.ar



Ricardo Rojas es juez de un Tribunal en lo Criminal en la Ciudad de Buenos Aires, autor del libro “Las contradicciones del derecho penal” y director del centro de estudios por internet El Liceo (www.liceo.org).