La degradación política en la Argentina escribe todos los días un nuevo capítulo de su novela de terror. En el más reciente, la ciudadanía ha pasado a ser rehén de delincuentes comunes que se amparan en la protesta social. Uno de estos grupos de delincuentes, cuyo führer es el peligroso Castells, constituye una fuerza de choque ya probada en las lides de la criminalidad institucionalizada durante los sucesos de diciembre de 2001. El poder político prebendario y clientelista de la provincia de Buenos Aires cuenta con este ejército privado listo para entrar en acción cada vez que se lo requiera. Un ejército que, además, cuestiona y lesiona el derecho a la propiedad y el propio Código Penal, ante el silencio cómplice de los políticos que lo apañan, de los poderes del Estado, y en especial del inexistente Ministro de Justicia, más preocupado por mirar a Chile y a Suiza, que por responder a las demandas de los argentinos preocupados por la inseguridad.
Amparados en esta impunidad, las bandas piqueteras se animan a emprender el ataque a los derechos individuales fundamentales contando con la complacencia de un sistema judicial en crisis y de un miembro de la Suprema Corte que, no sólo no advierte sobre los riesgos que supone para la sociedad que los poderes de represión del Estado toleren conductas criminales, sino que, por el contrario, recibe a la cúpula de estas organizaciones, se exhibe indecentemente con ellas, y organiza seminarios para estos delincuentes que a su paso por la ciudad roban a comerciantes, destruyen propiedad pública y arrojan bombas molotovs sobre empresas privadas. Curiosa noción de justicia, la de esta Corte.
En la otra vereda no se quedan atrás. En su desesperado intento por ser el jefe que no es, el Presidente y su intelligentzia, entre los que sobresalen antiguos ideólogos de aquella “generación soñadora” derrotada miserablemente que tanto emociona al detentador del Ejecutivo, decidieron dar rienda suelta a una tentación totalitaria demasiado contenida durante el año pasado. A las SA del patrón bonaerense, respondieron con las SS, su fuerza de choque y guardia pretoriana adicta. El jefe de esta otra turba, hasta anteayer socio del Rasputín autóctono, es nada más ni nada menos que Diputado de la Nación, un cargo que otrora conllevaba honor para quien lo detentara. El Diputado D’Elía promete sacar la política del debate de ideas, del disenso, y llevarla a la lucha armada callejera con el declamado propósito de acallar toda crítica y toda oposición “a este Presidente”. En el camino, no deja de vociferar cuál es su ideal de país: el mismo de Fidel (el Coma Andante tropical) y Chávez, el carapintada populista que amenaza a la sociedad venezolana con una guerra civil si aquella no cede a sus caprichos totalitarios.
El país asistió atónito recientemente a la consagración oficial, con presencia de ministros de Estado, de esta otra patota privada al servicio del poder, también dispuesta a tomar las calles, la propiedad de los ciudadanos, sus bienes y su historia para dirimir la disputa de dos mafias que día a día van preparando el escenario del enfrentamiento final. A dúo, los correveidiles oficiales del presidente, esos que comparten apellido, continúan insultando a la sociedad con frases y conceptos que indignan hasta al más mesurado, explicando que la negativa a aplicar la Constitución Nacional y el Código Penal, primera obligación del gobierno, tiene razones humanitarias, confirmando de esta manera que quienes nos gobiernan han renunciado a cumplir con el mandato constitucional de asegurar la vida, la propiedad y el bienestar de la mayoría de los argentinos. Algún día, es de esperar, los mismos argentinos se lo demandaremos.
Sólo la historia podrá decir si nuestra sociedad, anestesiada e inerme, seguirá viendo como se rebajan semana a semana los principios sobre los cuales se construye cualquier sociedad libre y democrática. Es solo cuestión de tiempo hasta que algún ciudadano honesto, cansado de tanto atropello, decida no frenar su vehículo frente a una turba de pasamontañas y palos blandidos y provoque una verdadera carnicería (acción que, sin embargo, no dejará de tener cierta justicia reivindicatoria en un medio en donde la justicia ha sido tan pervertida). O que un comerciante ponga una bala en la cabeza de un “sufrido” descastado que venga a apropiarse de lo que aquel levantó con trabajo, tesón y esfuerzo, y que legítimamente le pertenece.
¿Qué sucederá ese “día después”? ¿Tendremos a la madre de todos los argentinos rasgándose las vestiduras y a la prensa adicta horrorizándose ante los aplausos para el justiciero? ¿Tendremos justicia de verdad? ¿Tendremos un gobierno de verdad? Difícil de saber, aunque nada nos permite ser optimistas. Lo que seguro NO vamos a tener es un país pujante y moderno, un país donde la creación de riqueza sea una realidad y no un delito, un país donde la propiedad y los bienes de los ciudadanos y sus derechos fundamentales no sean quimeras, un país en el que el mundo desee invertir y generar más empleo para sus habitantes y más progreso y oportunidades para los sectores menos favorecidos. Porque un país así es el país que las SA y las SS desprecian, no desean ni anhelan ver. Un país donde prima el esfuerzo individual y la iniciativa privada es contrario al prebendarismo de planes para la vagancia institucionalizada, pero, sobre todo, es enemigo del poder clientelista, de la mafia política y de la perpetuación de la ignorancia sobre la que estos infames edifican su poder.
Quizás, simplemente, tengamos una Noche de los Cuchillos Largos propia, y los Seig Heil del caso para caudillos que ya hace largo tiempo han decidido transformar a la Argentina en su feudo privado. Total, ideología y prácticas totalitarias no les faltan, más bien les sobran. Hace 60 años que las vienen perfeccionando. © www.economiaparatodos.com.ar
Gonzalo Villarruel es historiador y ex director de Polimodal. |