El nivel a que se ha llegado en materia de inseguridad física en el país plantea diversos interrogantes respecto de la sociedad argentina, de sus valores, de cómo vota en las elecciones y del orden de prioridades al que atiende.

Una mayoría social parece respaldar a un matrimonio al que, si les preguntan, rescatan su “política de Derechos Humanos” como uno de sus más sólidos logros.

¿En que consiste esa bendita “política”?

Por empezar, en entender que los guerrilleros de los ‘70 eran idealistas que buscaban una sociedad mejor a fuerza de bombazos, secuestros extorsivos, y emboscadas con ráfagas de balazos por la calle y los militares, sanguinarios nazis que, simplemente, por antojo un día se levantaron con ganas de matar gente e hicieron desaparecer de la faz de la tierra a 30.000 personas porque les encantó la idea. En segundo lugar, que los asesinatos, secuestros y desapariciones de unos no son iguales a los de los otros. Tercero, que toda noción de orden y rigurosidad legal es sinónimo de represión. Cuarto, que todo uniformado (llevado a esa condición por el propio Estado, teórico monopolizador del uso de la fuerza) tiene, por ese sólo hecho, prohibida la actuación preventiva que se reputa también, dicho sea de paso, prima facie como “represiva”. Quinto, que el derecho penal es una rama del orden jurídico que debe tender a desaparecer. Sexto, que la presunción de criminalidad “por apariencia o actitud” debe reputarse como “discriminatoria”.

Al lado de este cuadro hay otras “convicciones” ideológicas tales como que el crimen es un subproducto de la pobreza y que, por lo tanto, los delincuentes son víctimas de la “agresión de la sociedad” por lo que su acción es una forma velada de justicia en donde las víctimas asesinadas y robadas son en realidad victimarios que someten a los delincuentes (calidad en la que caen porque no les queda otro remedio) a la miseria y que, por consecuencia, están recibiendo su merecido.

Con este conjunto de “políticas” y “convicciones”, que la sociedad se olvide: es imposible vivir seguros.

Los delincuentes de este siglo parecen haber ocupado el lugar de los guerrilleros del ’70: no son delincuentes; son la avanzada de la justicia social que busca emparejar los tantos de la desigualdad. Por lo tanto, los mismos privilegios de que gozaron y gozan los terroristas deben ser aplicados ahora a los malvivientes comunes porque su esencia es la misma, la lucha contra la injusticia.

Mientras esta “política” de derechos humanos y antidiscriminación esté vigente no se podrá caminar seguro por las calles de la Argentina.

El misterio consiste en saber por qué un gobierno que encarna estos extremos goza del respaldo mayoritario de la sociedad, cuyos ciudadanos caen bajo las balas de la delincuencia. Esta sociedad que salió a la calle porque sus $3.500 de ahorro habían quedado atrapados en el corralito, se mantiene, en cambio, muda y paralizada a la hora de exigir que todas estas estupideces vendidas como “políticas”, “principios” y “convicciones” sean sepultadas para siempre y sean reemplazadas por la ley, la autoridad legal del Estado y por el sentido común.

¿Será que a la “humana” y “cálida” sociedad argentina lo único que le importa es la guita? ¿Será que los argentinos se venden a sí mismos el cuento de que les gusta vivir una vida agradable y familiar antes de estar alienados como los norteamericanos por “la cultura del dólar”, pero en realidad a lo único que le prestan atención y por lo único que se movilizan es la plata y el bolsillo? ¿Será eso?

Más allá de que el método callejero claramente no comulga con la civilización, puesto que en la Argentina parecería que todas las controversias se resuelven en la calle, desde Cromañón hasta el Corralón, ¿por qué no hay cientos de miles de personas en la calle, noche y día, sin interrupción, con sistemas de rotación como tienen los profesionales de los cortes de Entre Ríos, enfrente de la quinta presidencial de Olivos, por ejemplo, exigiendo que ya no muera más gente inocente cuyo único crimen consiste en pretender trabajar decentemente para, entre otras cosas, mantener a la casta de inoperantes que debería protegerlos? Simplemente, ¿por qué?

El ejercicio de contestar estas preguntas nos haría muy bien como sociedad. ¿Es cierto que nos sentimos representados por las “políticas” y “convicciones” de este gobierno? ¿Es cierto que creemos que la sociedad es la que victimiza a los delincuentes y que se tiene merecido lo que le pasa por ser la causante de su miseria? ¿Es cierto que creemos que los pobres son delincuentes porque son pobres? ¿O, en realidad, estamos metidos en una enorme hipocresía cuyo fondo consiste en respaldar los métodos K porque creemos que la economía se recuperó gracias a él? Y cuando la economía falle (porque en realidad se recuperó a pesar de él), ¿le caeremos con toda nuestra furia culpándolo no sólo del colapso sino diciendo también que “desde la primera hora” habíamos advertido sobre su inoperancia? ¿Diremos “yo te dije que nunca me había gustado”?

¿Hasta cuándo viviremos en esta mentira? ¿Hasta cuando la inmundicia de la eterna careteada será la pincelada que caracterice nuestra personalidad? ¿Por qué lo que decimos en la escondida privacidad de un café con amigos lo ocultamos cuando se nos consulta en público o cuando nos llaman a votar?

La Argentina se eztá convirtiendo en una enorme podredumbre en donde unos pocos multiplican sus millones, mientras otros no tienen ni la mínima seguridad de regresar sanos y salvos a sus casas. El país no exige explicaciones por nada. Mil millones desaparecen de una provincia y dale que va. Una persona maneja miles de millones de pesos del presupuesto público sin darle cuentas a nadie y dale que va. La justicia se burla de los contribuyentes liberando asesinos y dale que va. Nos hacen creer que la inflación es del 0.9% y dale que va.

No sería extraño que, siguiendo nuestras costumbres, un día estallemos y salgamos a pedir “mano dura”, si es preciso, por fuera de la ley. Será el día en que por no atender la seguridad física de las personas por una enfermiza “política” de Derechos Humanos, perderemos, de nuevo, los verdaderos Derechos Humanos.

En el país del “dale que va”, las políticas de cartón y las “convicciones” de oropel siguen matando a la gente en medio del silencio mayoritario, como si fuera un paisaje al que nos hubiéramos acostumbrado o al que haya que acostumbrarse. Algo muy feo debe estar pasando en los pliegues más íntimos de la conciencia argentina para que tanto olor a podrido no nos impulse a actuar y a exigir que el sentido común vuelva a tener un lugar en el país y reemplace para siempre una política que, disfrazada de “principista”, ha resultado tan demencial como equivocada. © www.economiaparatodos.com.ar