Al gobierno de Kirchner se lo suele catalogar de setentista por la ideología que esgrime y por las medidas que adopta. Sin embargo, por el cariz que están tomando las cosas, catalogar al Gobierno de setentista ya queda corto en el tiempo. Dicho de otra manera, al paso que vamos, las políticas adoptadas se asemejan ya a la Edad Media, y más que ciudadanos estamos a puntos de pasar a ser siervos de la gleba. ¿Quiénes eran los siervos de la gleba? Eran aquellas personas que, en la Edad Media, eran condenadas a trabajar de por vida para el rey.

Existen dos proyectos de ley por los cuales el Ejecutivo intenta avanzar, una vez más, sobre el Legislativo, con lo cual los ciudadanos pasaremos a ser definitivamente simples siervos de la gleba, cuya obligación es trabajar para el Estado sin derecho a chistar.

En primer lugar, tenemos el proyecto de ley por el cual se pretende quitarle restricciones al Ejecutivo para gobernar por medio de decretos de necesidad y urgencia. Si bien este proyecto todavía no pudo transformarse en ley, seguramente en los próximos días tendrá su correspondiente aprobación. Con las manos libres para gobernar con decretos de necesidad y urgencia, el Congreso pasará a ser una figura decorativa sin sentido práctico.

Pero, en segundo lugar, y no conforme con la posibilidad de gobernar con mayor comodidad por medio de los decretos de necesidad y urgencia, ahora el Gobierno preparó un proyecto de ley para transformar en permanente lo que se autoriza todos los años por medio de la ley de presupuesto, me estoy refiriendo al proyecto de ley por el cual el Jefe de Gabinete manejará a su antojo todo el presupuesto.

El Jefe de Gabinete, Alberto Fernández, defendió este proyecto de ley diciendo que “se trata de administrar y el Poder Legislativo no administra. El Poder Legislativo dicta normas pero no está llamado a administrar”. ¡Linda ensalada conceptual la del señor Fernández! Nadie pone en discusión que administrar es función del Ejecutivo, pero siempre de acuerdo a las leyes que emita el Legislativo que, además, tienen que estar subordinadas a la Constitución Nacional. Y la Constitución Nacional impide que el Ejecutivo tenga los poderes que solicita por medio de esta ley. Claro, alguien podrá decirme que en la Argentina estamos acostumbrados a violar la Constitución, y tengo que confesar que efectivamente es así. Por eso nos va como nos va.

De todas formas, se supone que el pueblo no gobierna ni delibera sino por medio de sus representantes, y nuestros representantes son los diputados que votamos para que ocupen una banca en el Congreso. Por lo tanto, es a ellos a quienes corresponde, no sólo establecer la carga tributaria que debemos soportar, sino también debatir en qué se van a utilizar los impuestos que pagamos los contribuyentes. Son los diputados y los senadores los que deben decidir en qué se asignan nuestros impuestos. Y es a partir del mandato que les damos los contribuyentes a nuestros representantes, que el Ejecutivo administra. Para Fernández, administrar parece ser sinónimo de darle vía libre al Ejecutivo para que haga lo que se le cante con nuestra plata. Bajo un sistema republicano, administrar la cosa pública significa hacerlo bajo las directivas que da el Legislativo, que es el representante de los ciudadanos en materia de gasto público.

Lo que estamos viviendo en la Argentina es un asalto a la república usando la democracia como mecanismo para asaltarla. La democracia, que es solamente un sistema pacífico para cambiar las autoridades, es utilizada por sectores políticos para llegar a obtener el monopolio de la fuerza que le delegamos al Estado y luego usarlo en beneficio propio y en detrimento de los ciudadanos a los cuales pretenden terminar de denigrarnos a la condición de siervos de la gleba. Dicho en otros términos, el proyecto hegemónico de Kirchner consiste en –primero– usar la libertad que ofrece el sistema democrático y republicano para llegar al poder, para –luego– anular la democracia y destruir la república.

Lo que impera en nuestro país no es el derecho de las personas, sino la ley del más fuerte en base a acumulación de votos. El que más votos consigue en un determinado momento, se queda con el monopolio de la fuerza y, a partir de entonces, usa el monopolio de la fuerza para someter a los ciudadanos a la condición de siervos de la gleba. Se violan los derechos de propiedad de los ciudadanos, se los esquilma a impuestos, se consigue los apoyos políticos para sostener el poder en base al dinero de los contribuyentes que se maneja arbitrariamente; en definitiva, se somete a los ciudadanos a trabajar para sostener con sus impuestos al que detenta el poder.

No debe sorprender, entonces, que en teoría pueda ocurrir que gobiernos surgidos de la fuerza terminen respetando los derechos individuales más que algunos gobiernos surgidos del voto. O, si se prefiere, que gobiernos surgidos del voto terminen comportándose igual que las dictaduras. Esta última circunstancia se da cuando los gobiernos no se subordinan a la ley. Cuando se glorifica únicamente el voto y se ignoran los derechos de la gente. Cuando los derechos individuales son sometidos al poder de la fuerza.

En síntesis, la legitimidad de los gobiernos no se mide sólo por la forma en que determinados grupos llegan al poder, sino por el uso que hacen de éste. Y cuando el poder se usa para hacer de los ciudadanos simples siervos de la gleba, el que llegó por los votos pierde su legitimidad. © www.economiaparatodos.com.ar