“Admitámoslo, camaradas, la modernidad o la globalización
no son un invento imperialista. Son realidades
y está en nosotros transformarlas en oportunidades.”

Michelle Bachelet, presidenta de Chile, en su poco difundido
discurso inaugural de la última reunión anual de la Internacional Socialista.

En septiembre del año pasado, una coalición de partidos políticos de centro derrotó al socialismo sueco y accedió al gobierno de su país con mayoría parlamentaria propia.

Cumpliendo con sus promesas electorales, el joven primer ministro, Fredrik Reinfeldt, de 42 años, puso rápidamente en marcha la estrategia para concretar algunas reformas que afectan a los cimientos mismos de la estructura socialista que Suecia fue edificando a lo largo de varias décadas.

A diferencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, Reinfeldt acaba de anunciar que derogará el impuesto a los bienes personales, cuya tasa, en Suecia, es del 1,5% anual.

Para Solá, la reciente adopción del mismo tributo en la provincia que administra, que no existía hasta ahora, tiene un sentido simbólico: el de redistribuir la riqueza.

Para Reinfeldt, la derogación de ese impuesto tiene también un sentido simbólico, aunque muy distinto. Diametralmente opuesto. Pese a que, en términos de ingresos, el mencionado impuesto a la riqueza no es importante cuando se lo compara con otros tributos y a que sólo el 2,5% de los contribuyentes suecos lo pagan, la experiencia de Suecia sugiere que este tipo de impuesto ha provocado a lo largo de los años una distorsiva fuga de capitales y una dramática caída de la inversión en esa nación.

Para muchos, el impuesto a los bienes personales reduce los incentivos a la inversión, a punto tal que entre todos los miembros de la Unión Europea, en las cifras que miden el porcentaje de la actividad económica en manos nacionales, Suecia está ubicada en un lamentable 18° lugar. Esto es natural, porque –frente a un impuesto como el que ahora será abolido– los emprendedores prefieren que el capital sujeto al mismo, en lugar de aumentar, se reduzca, para bajar la carga fiscal.

Luego de abolir el impuesto a los bienes personales, con absoluta coherencia, el gobierno de Reinfeldt se propone también ofrecer a los inversores, particularmente a aquellos que pertenecen al universo de las pequeñas y medianas empresas, incentivos tributarios importantes, que estimulen la inversión. Reinfeldt y Solá pertenecen, obviamente, a universos intelectuales bien distintos.

En paralelo con lo antedicho, Reinfeldt anunció que en los próximos tres años privatizará buena parte de los activos que hoy están en manos del sector público, esfuerzo del que espera obtener unos 21.800 millones de dólares para el erario común. La privatización será abierta y todos los inversores extranjeros, cualquiera sea su origen, podrán participar en ella.

En la actualidad, el gobierno sueco participa en 57 empresas o grupos distintos, que hoy emplean a unas 200.000 personas. Esto que incluye el 19,5% de Nordea (el más grande banco regional), el 45,3% de TeliaSonera (la empresa telefónica local), el 6,7% de OMX (la operadora de la Bolsa local), el 21,4% de SAS (la aerolínea de bandera sueca), además de una participación en V&S (el fabricante de licores, entre los cuales está el conocido vodka Absolut). El gobierno tiene también participación en propiedades inmuebles y empresas farmacéuticas.

El calendario para las privatizaciones programadas todavía no se conoce, pero el gobierno está trabajando activamente en el respectivo programa, que pronto se dará a conocer.

La Suecia socialista parece así estar dando paso a lo que el primer ministro Reinfeldt llama “un país normal”. Nosotros, comparativamente, vamos camino a lo que Reinfeldt seguramente llamaría “un país anormal”, lo que es muy diferente. © www.economiaparatodos.com.ar

Emilio Cárdenas se desempeñó como representante permanente de la Argentina ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).