“Las cárceles de la nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al Juez que la autorice…” Artículo 18 de la Constitución Nacional.

Es común oír decir que tales o cuales personas, especialmente las dudosas condenas por supuestos crimines de “lesa humanidad”, cometidas por uno solo de los bandos en pugna, “se pudran en la cárcel”.

Pues bien, la Constitución Nacional dice exactamente lo contrario, en ninguna cárcel de la nación se debería pudrir persona alguna, ya que las cárceles deben ser “sanas y limpias para seguridad y no para castigo…”

Claro nuestro sistema carcelario es muy precario, en general hay carencia de cárceles y obvia superpoblación en las existentes, además de condiciones edilicias que dejan mucho que desear, amén de personal especializado en el tratamiento de los detenidos.

Como sabemos puede haber dos clases de “personas detenidas” con sentencia firme o con proceso en trámite.

El sentido común dice que no deberían mezclarse unos con otros y a su vez que entre las personas detenidas deberían existir alojamientos diferenciados según la gravedad de los delitos cometidos.

En efecto, la “seguridad de los reos” de la que habla la constitución debe diferenciar las situaciones ya que los tratamientos de recuperación variarán según las personas, incluso debería admitirse que pueda haber casos de “irrecuperabilidad”, casos que también exigirían un tratamiento especifico.

A raíz de un fallo de la cámara del Trabajo se ha planteado incluso con una levedad alarmante, la cuestión del trabajo de los “presos”, en verdad debería decirse de los “detenidos” con relación a sus derechos como “trabajadores” y asi con bastante mal gusto se describen con nombre y apellido casos de “detenidos” que hacen tal o cual tarea y cobran un salario y hasta se dice

con dudoso sentido del humor si no convendría convertirse en “preso” ya que así se cobraría mejor salario que el 60% de los jubilados que cobran la “mínima”.

Si partimos de la definición de la constitución la persona detenida que trabaja tiene sus derechos que no los pierde por el hecho de estar detenido lo que no constituye un “castigo” sino una medida de “seguridad”.

El detenido, sea con condena o no, se lo separa de la sociedad por seguridad propia y ajena. La primera es para que no continúe delinquiendo y en lo posible para poder reinsertarlo en la sociedad y la segunda como protección hacia los terceros.

Además el cumplimiento de la condena es la pena que le impone la sociedad por haber violado la ley.

El trabajo de las personas detenidas, práctica habitual en los sistemas carcelarios, es uno de los medios que se utilizan como reeducación y si esa es la finalidad seria un oxímoron que no se le reconozcan sus derechos a percibir un salario con sus consecuentes obligaciones para con los sistemas previsionales e impositivos si se diera el caso.

El sueldo anual complementario, es salario como es salario el derecho a gozar de vacaciones pagas, por lo tanto su percepción no constituye una anomalía de una suerte de derecho victoriano de puritanismo hipócrita.

Por otra parte cabe suponer que la persona “detenida” tiene familia y esa familia necesita de su salario para poder vivir, privarlo del salario o de todos sus beneficios implicaría también un castigo no legislado a su familia.

Por último, las cárceles y el sistema carcelario se deben financiar con los impuestos que paga el contribuyente porque la propia constitución, como no podría ser de otro modo, es la que impone la existencia de “cárceles sanas y limpias”, por lo tanto no creo que corresponda que los propios detenidos deban pagar por su situación a lo sumo deberán asumir los costos del proceso y si no se les paga durante el lapso de “detención” ¿cómo lo pagaran…?

No es fácil ser liberal por eso nos dejamos cautivar por los diversos populismos que tienen soluciones sin costo para todos los problemas y así nos va desde hace casi cien años.

Lo grave es que ninguno de los candidatos para las próximas elecciones expone sus políticas con relación a la cuestión carcelaria, como si no formara parte de esa grave cuestión de la “seguridad personal”.