“El gobierno que se hace banquero, asegurador, martillero,
empresario de industria en vías de comunicación
y en construcciones de otro género,
sale de su rol constitucional; (…) entonces se alza
con el derecho privado y con la Constitución,
echando a la vez al país en la pobreza y en la arbitrariedad.”

Juan Bautista Alberdi, (1854)

Alberdi, meses después de que se sancionara la Constitución Nacional de 1853, escribió Sistema Económico y Rentístico. En esta obra el autor intentó explicar la relación que existía entre el Derecho y la Economía, señalando los principios e instrumentos necesarios para consolidar el progreso económico. Estos principios se encontraban, entre otros, en el artículo 14 (derecho de trabajar, comerciar, publicar las ideas sin censura previa, de usar y disponer de la propiedad, de asociarse, de profesar libremente el culto, entre otros) y en el artículo 17, donde se establece que “la propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella (…)”. Lamentablemente, en los últimos 75 años estos principios han sido violados tanto por gobiernos democráticos como por aquellos surgidos de la fuerza para llegar al poder.

Las causas de nuestra decadencia como sociedad tenemos que buscarlas en la ruptura institucional permanente y en la violación crónica y sistemática del contrato constitucional. Tenemos vastos ejemplos de violaciones al espíritu original de nuestra Carta Magna: los 6 golpes de Estado desde 1930 a 1976; los “cotos de caza” entregados a los sindicatos (obras sociales), a empresarios (servicios públicos monopólicos), al Estado (Entel, Gas del Estado, SEGBA, YPF, YCF, entre otros); la afiliación sindical obligatoria, la personería gremial y los convenios colectivos de trabajo que han permitido estructurar mafias laborales y así poder extorsionar a los empleadores disminuyendo el incentivo para crear empleos; los regímenes de “compre nacional” y las barreras arancelarias que han permitido eliminar la competencia empresarial, disminuyendo el flujo de inversiones y la posibilidad de aumentar la productividad de la economía; los regímenes de promoción industrial/regional/sectorial que generaron transferencias de recursos vía el sistema tributario, cargando así de mayores impuestos al resto de la sociedad; los bancos públicos nacionales y provinciales que han conseguido financiación para los “amigos del poder” y así despilfarraron los recursos de los contribuyentes; los recurrentes “impuestazos” implementados por los gobiernos nacionales para hacer frente a situaciones de “emergencia” y que luego son incorporados de manera permanente al sistema tributario (Impuesto a los Réditos de 1932, incremento de la alícuota del IVA del 18% al 21% en 1995, Impuesto a los Débitos y Créditos de 2001, Retenciones a las exportaciones de 2002, sólo por nombrar algunos); el impuesto inflacionario al cual los gobiernos nacionales han recurrido desde la década del ’50 hasta 1991 y nuevamente a partir de 2002; y el endeudamiento externo e interno utilizado como instrumento sustituto para no realizar nunca la reestructuración del Estado.

Esta lista es una evidente muestra del fracaso de la sociedad argentina para respetar tanto la norma constitucional como sus principios fundamentales: la libertad económica, la limitación del poder del Estado y el respeto a los derechos de propiedad. No es casual que después de tantas décadas de disparates estemos como estamos. Hubiera sido un milagro que el año 2004 nos encontrara dentro del “club” de países desarrollados, al cual pertenecíamos a principios del siglo XX. Mientras países como España, Irlanda, Chile, Nueva Zelanda, China e inclusive India han virado o están virando hacia economías de mercado, nosotros seguimos insistiendo con el “modelo de la colonia” (“Colonial way of life”): monopolios, guildas medievales, regulaciones, privilegios sectoriales, despilfarro de los recursos fiscales, repudio a la integración con el mundo, corrupción, entre otras.

El último disparate que intenta aplicarse nuevamente es la creación de una empresa estatal de energía (ENARSA), anunciada por el presidente de la Nación el martes 11 de marzo. Todavía resta el tratamiento de una ley en el Congreso para que este anuncio pueda ser llevado a la práctica. Pero como la independencia de los poderes brilla por su ausencia, las probabilidades de que nuestros representantes políticos aprueben la iniciativa del Ejecutivo nacional son muy elevadas (por ahora, es mayor el costo político de enfrentar una decisión presidencial que los beneficios que tal comportamiento generaría).

Es sintomático de una dirigencia ignorante, populista, ineficiente y resentida lo que está sucediendo: no se explica cómo 15 años después de haberse sancionado la Ley 23.696 con la cual se inició el proceso de privatizaciones de las empresas estatales, volvamos a tomar un rumbo diametralmente opuesto. Con la creación de ENARSA el Estado nacional (y las provincias como accionistas del 12% de la empresa) podrá volver a disponer del patrimonio de los contribuyentes argentinos para hacer clientelismo o sencillamente despilfarrar dinero “jugando a ser empresario”. ¿De dónde saldrán los capitales necesarios para, por ejemplo, explorar y explotar los nuevos pozos petroleros o gasíferos que ENARSA llevará adelante? ¿De dónde saldrán los capitales necesarios para pagar los sueldos de los empleados públicos (amigos y parientes de los funcionarios públicos no abstenerse) que serán nombrados para trabajar en dicha empresa?. Solamente de los bolsillos de los ciudadanos argentinos.

Otra pregunta que los ciudadanos comunes de este país deberían hacerse es la siguiente: ¿por qué los funcionarios de la nueva empresa sí sabrán asignar los recursos productivos (capital, recursos humanos y naturales) mejor que una empresa privada? Y más aún: ¿por qué las empresas privadas no están dispuestas a invertir para generar una mayor cantidad de energía y así obtener ganancias?. Es simple: porque en Argentina la seguridad jurídica es aleatoria.

Invertir en Argentina es como ir al casino y apostar todas las fichas a un número, con una alta probabilidad de que si uno gana la banca no le pague. Para ponerlo en otros términos: en Argentina cuando una empresa gana dinero, según la visión de nuestros dirigentes populistas, comete un pecado ya que le está “robando” al resto de la sociedad. Por lo tanto, el Estado tiene que arbitrar y redistribuir estas riquezas mal ganadas. Entonces vienen los incrementos de la presión tributaria a través de las retenciones, del congelamiento de precios, de subas obligatorias de los salarios, entre otras opciones. Si este razonamiento, el de los populistas, fuera cierto, entonces tendríamos que decir que las empresas más grandes del mundo, que obtuvieron esa posición privilegiada por obtener mayores ganancias que el resto de los mortales, son las organizaciones delictivas más grandes del planeta. Pero, entonces, ¿cómo se explica que los ciudadanos de aquellos países que alojan estas empresas sean beneficiados con los mayores niveles de ingreso per cápita del planeta? En algún punto el razonamiento de nuestros populistas está haciendo un cortocircuito o las premisas de las cuales parten son falsas.

Estamos frente a una nueva tentativa de robo o saqueo legal. En los últimos años abundan los ejemplos de este comportamiento por parte del Estado: la confiscación de los ahorros, el default “salvaje” que el Estado quiere hacer con los bonistas (extranjeros y nacionales), la pesificación asimétrica a favor de los deudores y en detrimento de los depositantes del sistema financiero, la anulación unilateral de contratos de las empresas de servicios públicos, el incremento de la presión tributaria vía la creación de retenciones a las exportaciones, el impuesto inflacionario o el impuesto a los débitos y créditos bancarios. Y lo peor de todo esto es que la mayoría de la población aprueba, de una manera u otra, este comportamiento por parte de los dirigentes políticos. Si no, no se explica que después de todos estos avances sobre la propiedad privada los responsables de estos disparates jurídicos sigan administrando los más de 100.000 millones de pesos del presupuesto nacional, provincial y municipal.

¿Es que no están hartos los ciudadanos argentinos de este robo legal que todos los días comete el Estado en contra de sus ingresos y patrimonios? ¿Es que no existe en el ánimo de ningún empresario honesto y competitivo en el país convertirse en el “Blumberg de los derechos del contribuyente”? ¿Podremos ver algún día, no muy lejano, a cientos de miles de contribuyentes y ciudadanos argentinos manifestándose en contra de todos estos atropellos que el Estado ha venido realizando en contra del derecho de propiedad? Ese día, la Argentina comenzará a cambiar.
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Pablo Guido es economista e investigador de la Fundación Atlas (www.atlas.org.ar).