Los partidarios de la libertad siempre hemos pensado –aunque más no fuera secretamente– que uno de los reaseguros para no perder por completo el ejercicio de los derechos individuales era, paradójicamente, la intrínseca berretada que caracteriza a los aspirantes a dictadores. Tan poco serios son, tan de cuarta son sus métodos y tan supina su ignorancia que los ciudadanos podían contar con esos déficits para dar por descontado un mínimo ejercicio de sus derechos. No porque los autoritarios de turno no estuvieran dispuestos a desconocerlos sino porque aun con ese objetivo por delante, eran tan malos en términos de eficiencia operativa que semejante falla redundaba en una defensa paradojal del individuo.

Pero acaba de sonar una nota muy preocupante en el concierto del disparate argentino. Nos acabamos de enterar de que, según una ley aprobada entre gallos y medianoche en diciembre de 2003, a partir del 1º de agosto de este año, todos los prestadores de servicios de telecomunicación de voz y datos (telefonía, correo electrónico e Internet) deberán grabar las conversaciones, correos y páginas web consultadas por todos los habitantes de la República durante 10 años. Ni los más encumbrados violadores de los Derechos Humanos creo que han aspirado a tanto. Sólo un régimen policial como el cubano debe fantasear con semejante delirio. Claro que, seguramente, allí lo cumplirán por la vía de someter a todos a la miseria: en medio de semejante malaria es muy difícil aspirar a notebooks, teléfonos celulares o teléfonos a secas.

Lo cierto es que el Congreso (¿el Congreso?) aprobó esta norma por propia iniciativa (¿?) y el Ejecutivo prontamente la promulgó y reglamentó mediante un decreto que supera ampliamente –en términos de dislates hacia la libertad– a la propia norma aprobada por el Parlamento.

Si alguna duda quedaba acerca de que estamos gobernados por un conjunto de totalitarios en potencia que no dudan en llegar al límite mismo de la democracia y del Estado de Derecho con la intención de someternos a todos a una vigilancia permanente, esto la disipa completamente.

La Constitución Nacional, y toda la tradición jurídica de la que ella deriva, prohíbe expresamente semejante desatino. El mundo civilizado luchó 400 años (desde fines del 1200 hasta fines del 1600) para terminar con esta clase de pensamiento mesiánico y reemplazar el absolutismo del Estado y la opresión del individuo por un sistema racional de representación y de reconocimiento de un conjunto de derechos de los que el hombre goza por el sólo hecho de nacer tal. Esta escuela no participa de la idea de que los derechos humanos son concesiones graciosas del Estado: los derechos preexisten al Estado, son los hombres los que, para su propia conveniencia y tranquilidad, crean esa superestructura para que esté a su servicio.

El argumento por el cual los comisarios de turno intentan explicar el disparate son aun más graves. Se dijo que de este modo la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) podría monitorear con mayor eficacia los casos de narcotráfico y los secuestros extorsivos. ¡Pero, por favor!, ¡por favor! ¡No son serios ni para mentir! Someter a 38 millones de habitantes a un escudriñamiento de esta magnitud para perseguir a los delincuentes es igual a poner a toda la sociedad bajo sospecha. Los funcionarios parecen olvidar que el cumplimiento de su deber es doble: deben proteger a los ciudadanos honestos y, además, hacerlo sin violar sus derechos. ¿Qué eso es a veces difícil? Y sí, a veces es difícil. Pero, ¿saben qué señores? Para eso están allí. Ustedes eligieron ese destino para su vida. No pueden estar a sueldo de la sociedad, disfrutar de los privilegios del funcionarato y, al mismo tiempo, atropellar los derechos de quienes les pagan y de aquellos por cuya obra y gracia existen.

La violación a un derecho tan elemental de la vida civilizada no puede ser casual a menos que esta gente vaya en serio por el objetivo de quedarse con nuestra libertad. Ya lo habían intentado antes, cuando la Corte falló a favor de una mujer que se negaba a hacerse un análisis de ADN reclamado por organizaciones de Derechos Humanos que argumentaban una supuesta filiación de esa persona con desaparecidos de la dictadura militar. En esa ocasión, el Congreso amenazó con sacar una ley que obligara a la persona demandada a someterse a dichos exámenes cuando hubiera una sospecha como la que dichas organizaciones alegaban en ese caso. La Corte acertadamente protegió la soberanía inviolable de una persona sobre su propio cuerpo, respaldó la posición de la demandada de negarse a someterse a dicho examen y mandó a las organizaciones de Derechos a estudiar “Derechos Humanos 1”.

Ahora vuelven por sus fueros. Si nuestra única salvación radicara en la complicación tecnológica que semejante almacenamiento supone para los prestatarios de esos servicios, el país estaría perdido. Esto no puede no aceptarse porque es tecnológicamente complicado. Porque lo complicado de hoy podría ser lo sencillo de mañana. Esto debe motivar la repugnancia generalizada de los argentinos porque en ello va nuestra propia dignidad. La sociedad debe dar una muestra terminal de que si ellos van en serio por nuestra libertad, nosotros iremos en serio por nuestra defensa. © www.economiaparatodos.com.ar