Los hechos de Santa Cruz han tenido una tremenda gravedad. El solo asesinato del oficial Sayago inaugura una era de violencia armada en manos de grupos civiles organizados para saquear y matar. El terrorista Oscar Superman, un piquetero trotskista, no tardó en vanagloriarse de esa muerte y en considerar que la vida de Sayago, por ser policía, no valía nada. Las bandas de Kuperman vienen sitiando al ciudadano común desde hace tiempo ya. El miércoles pasado, dos días después de la revuelta en Las Heras, la ciudad de Buenos Aires estuvo de vuelta a merced de los enmascarados.

El gobierno usó desde el inicio de su gestión a esas fuerzas oscuras para su propia conveniencia. Las mandó a boicotear a Shell cuando al presidente se le ocurrió que la compañía era la responsable del aumento de los combustibles. Y las cortejó en más de una docena de veces más cuando su interés le indicaba que ésas eran las fichas que debía jugar.

Pero la administración de un país no se debate en el paño verde de un escolaso. Las “fichas” que un gobierno cree ver cuando analiza las opciones de su estrategia son vidas humanas cuando la misma ecuación baja a la sociedad.

Un Estado que no sea capaz de entregar a su gente una sensación de tranquilidad y de que las cosas serán resueltas de acuerdo a la ley y, fundamentalmente, al sentido común, no es un Estado. Cuando el Estado entrega a grupos civiles el uso de la fuerza y de las armas, la vida en sociedad se transforma en una anarquía indomable en la que pierden los más débiles y, generalmente, los honrados y los cumplidores de la ley.

Las señales indirectas que reciben los honrados de un presidente que considera que la policía debe debatirse desarmada ante turbas ideológicas cuyo objetivo es crear el caos para tomar el poder, no puede ser más decepcionante. La sociedad de un país civilizado supone que mediante su participación democrática entrega a sus representantes el monopolio del uso de la fuerza. Cuando verifica que la fuerza se ha privatizado y es ejercida por grupos que la hostigan, que en su hostigamiento no dudan en asesinar, y que sus autoridades naturales no tienen otra cosa más que mensajes y conductas ambiguas, entra en un estado de desasosiego naturalmente contrapuesto al progreso y a la proyección de un horizonte.

Pero la sociedad no es inocente de lo que le ocurre. Llora las muertes y se espanta al conocer los detalles de Las Heras, pero no está exenta de responsabilidades en las presentes circunstancias.

Esa responsabilidad tiene varias caras. En primer lugar, mucha parte de la sociedad argentina ha manifestado “simpatías actitudinales” por el patoterismo, la turba, el grito y la acción directa. Muchas veces, en sus propias acciones privadas, los argentinos piensan primero en la fuerza antes que en el derecho. La sociedad argentina no es una sociedad afecta a la ley. Esta inclinación no reconoce distinción de cultura o niveles económicos. Está en nuestra naturaleza. Sólo basta panear con la imaginación los recuerdos de un espectáculo deportivo masivo para tener una idea clara de lo que digo.

En segundo lugar, y esta responsabilidad es más específica de la parte más formada de la sociedad, ha sido una reiterada costumbre de la Argentina el que nadie defienda principios republicanos. Sólo se apuesta a la cercanía con el poder para especular con obtener beneficios personales de esa situación. La clase empresaria argentina que sabe por formación y por su roce internacional que un país no tiene un buen horizonte si se aísla en sus propias fronteras, calla por conveniencia. No se anima a presentar una idea diferente frente al atropello oficial. Dice sin que se le mueva un pelo: “no es el momento para la filosofía sino para las ‘efectividades conducentes’”.

Este campo vacío fue aprovechado por el deseo del poder total. Tanta pusilanimidad no sería gratuita. Ahora, los gestos del espanto son tardíos. El tiempo, la conveniencia política del poder y la inacción de la sociedad han permitido la proliferación de grupos violentos que nunca han renunciado a concretar una utopía fracasada en el mundo. No admiten que sus ideas son un conjunto de incongruencias huecas que sólo han servido para asesinar, para enmudecer a los que no opinan como ellos y para sumir en la miseria a media humanidad. A esta altura sólo cabe concluir que no renuncian a este conjunto de insensateces por una mezcla de odio y de plata. Por actitud visceral odian el éxito ajeno y por conveniencia buscan el poder para ser ellos los que se queden con los recursos económicos. No hay misterios en esto. Ninguno de estos asesinos busca el mejoramiento de las condiciones de vida de aquellos a quienes llaman “compañeros”. Sólo están detrás de la desaparición de los que no piensan como ellos y de la guita.

Ahora han matado a un oficial indefenso de un modo salvaje. Hasta ahora siguen sueltos. Los adjetivos de asombro que han usado muchos funcionarios hacen pensar en una actuación. Los policías atacados ganan menos de la mitad de los que los hirieron y mataron. Ésa es la señal indirecta que el gobierno envía y que la sociedad recibe. El asesino gana el doble que la víctima. El asesino sigue libre. El guardián de la ley asesinado.

¿Y ahora qué? ¿Qué hará el gobierno al ver que las fuerzas de Pandora que prohijó para su conveniencia se han desmadrado y andan, armadas, matando inocentes por la calle?

Las respuestas, como las responsabilidades por lo que ocurre, también son dobles. El presidente debe dejar de compadrear con actitudes de patotero barato que no hacen sino retroalimentar las peores inclinaciones de la sociedad. Y ésta debe tomar conciencia de que sus propias costumbres y sus propias cobardías han engendrado gran parte de los hechos por los que ahora se preocupa. © www.economiaparatodos.com.ar