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Martes 18 de junio de 2013

La Corte, a las puertas de la historia

La Corte, a las puertas de la historia

El paquetazo judicial está siendo frenado por la Justicia

La inconstitucionalidad de las leyes que lo integran queda puesta al descubierto cuando se advierte que es casi unánime el repudio de la comunidad jurídica. Inclusive la Facultad de Derecho de la UBA se pronunció en contra. Es raro que algo así suceda, ya que como institución académica pública no debe emitir opiniones políticas, pero en este caso consideró que el avasallamiento a la independencia judicial era muy notorio y debía expresarlo.

Cuando en 2006 se sancionó otra reforma al Consejo de la Magistratura, impulsada por la entonces senadora Fernández de Kirchner, la gran mayoría de los constitucionalistas la consideró inconstitucional por alterar el equilibrio previsto en el artículo 114 de la Constitución en beneficio del sector político.

Esa reforma fue objeto de impugnaciones judiciales. Una de ellas, la del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, llegó a la Corte Suprema por recurso extraordinario. La mala noticia es que hace tres años duerme en el alto tribunal el sueño de los justos.

Ese antecedente podría hacernos pronosticar un trámite similar para las demandas interpuestas contra la nueva ley del Consejo. Sin embargo, somos razonablemente optimistas en este caso, por las siguientes razones:

1) La ley actual es inconstitucional de un modo mucho más claro y manifiesto que la anterior. Basta leer el artículo 114 de la Constitución Nacional para comprender que lo que quiso hacer la reforma de 1994 en este ámbito fue exactamente lo contrario de lo que ahora se ha establecido: se quiso despolitizar parcialmente el procedimiento de designación y remoción de jueces, mientras que con la ley vigente se politiza ese procedimiento a tal extremo que los «representantes» de jueces, abogados y académicos se elegirán a través de partidos políticos y mediante boletas partidarias en elecciones populares.

2) El clima entre los magistrados ha variado. Debemos decir que muchos de ellos no estuvieron a la altura de su deber en estos años, pero tal vez hayan comprendido que en esta oportunidad van por ellos.

Primero dos jueces federales, de Mar del Plata y San Nicolás, dictaron con celeridad medidas cautelares que suspendieron las elecciones para consejeros. A ello se sumó una catarata de resoluciones en idéntico sentido.

La jueza federal con competencia electoral en la Capital Federal, doctora María Servini de Cubría, se pronunció hace pocas horas, en un fallo trascendente porque dicta sentencia definitiva en dos de los amparos interpuestos ante su juzgado, declarando la inconstitucionalidad del sistema de elección popular de representantes de abogados y jueces para el Consejo de la Magistratura federal.

Además de ser encomiable por la celeridad con que se dictó una sentencia de fondo en una cuestión que no admitía demora alguna, el fallo es muy sólido y demuestra la manifiesta violación del artículo 114 de la Constitución en que incurrió la ley que hace unas semanas modificó la composición del Consejo, con el evidente propósito de lograr una justicia adicta.

Dos son los fundamentos principales de la sentencia: 1) la ruptura de la idea de representación en el caso de abogados y jueces, porque sólo los representados pueden elegir a sus representantes; 2) la violación del principio de equilibrio entre los distintos estamentos, porque con la ley actual la representación política domina ampliamente el Consejo.

Respecto del primer punto, el fallo cita, entre otras fuentes, manifestaciones del doctor Eugenio Zaffaroni en el seno de la Convención Constituyente de 1994 que no dejan dudas en cuanto a que sólo los abogados y los jueces pueden elegir a sus representantes.

Como corolario de esas dos desviaciones del artículo 114 de la CN, la doctora Servini encuentra que se lesiona de modo manifiesto la independencia judicial.

Voceros del oficialismo han adelantado que el gobierno recurrirá a la vía del ‘per saltum’, para que la Corte Suprema dicte sentencia sin esperar el fallo de la Cámara Nacional Electoral. Fuentes oficiosas del Alto Tribunal  han dejado trascender que la Corte admitiría esa vía procesal, dada la extrema urgencia, habida cuenta que la ley del Consejo es también una ley electoral y ya está en marcha el calendario de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

Esa es la razón del insólito ataque a los ministros de la Corte que en las últimas horas nutrieron la verborragia oral y twittera de la presidente y su cruel ensañamiento con el Dr. Carlos Fayt.

En una de sus habituales filípicas contra la justicia independiente -cada vez más confusas, mas deshilvanadas, más torpes-, la señora de Kirchner quiso ofender al mencionado ministro del Alto Tribunal, al llamarlo «centenario» y recordar que había sido afiliado socialista.

Fayt es, en efecto, casi centenario. Tiene 95 años. Mantiene, por suerte, un admirable estado de salud, una lucidez asombrosa y, aún más importante, una vocación de servicio que la edad no apagó.

La presidente le dijo que no cumple la Constitución porque ésta prevé, luego de la reforma de 1994, que los jueces duren en sus cargos hasta los 75 años, pero que Fayt fue beneficiado por una acordada de la Corte para seguir hasta ahora.

Llama la atención que quien se designa a sí misma como una «abogada exitosa» ignore la diferencia entre una acordada y un fallo. Fayt permanece como juez debido a un fallo de la Corte Suprema, el célebre caso «Fayt», que él mismo promovió, con el patrocinio letrado del recordado maestro Alberto Antonio Spota.

En ese caso, la Corte determinó que la convención constituyente de 1994 se había excedido en ese tema de la edad de los jueces respecto de aquello a la que lo había habilitado la ley 24309, declarativa de la necesidad de la reforma constitucional. Como, conforme a esa ley, la sanción contemplada para ese exceso era la nulidad, esa parte de la reforma fue fulminada en tal sentido. Es decir, no es sólo Fayt el beneficiario de la sentencia, sino todos los jueces. Es como si el texto anulado no se hubiera escrito.

Fue un fallo trascendente: era la primera vez que, si bien de manera muy parcial, una reforma constitucional era declarada inconstitucional. Y los fundamentos de la Corte son ciertamente opinables. Pero el fallo se dictó hace casi 20 años y, se opine lo que se opine, debe ser respetado.

Las acordadas son otra cosa: regulan cuestiones administrativas, no resuelven casos jurisdiccionales.

Pero al margen de estas aclaraciones técnicas para la abogada exitosa, hay que decir que Carlos Fayt es una figura de enorme prestigio en el derecho argentino. Fue por décadas profesor titular de Derecho Político, presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, escribió decenas de libros y artículos. Uno puede coincidir o no con sus votos, pero es una persona honesta, de grandes conocimientos, que a su avanzada edad nos sigue dando ejemplos de laboriosidad y no afloja en lo que fue norma de toda su vida: aquello que el gran jurista alemán Rudolf von Ihering llamó en uno de sus libros «la lucha por el Derecho».

Pero no ofende quien quiere sino quien puede. A Fayt ni lo rozan estas imprecaciones de peluquería barata.

Se acerca la hora de la Corte Suprema. Hay urgencia, hay gravedad institucional y todos los argentinos esperamos el pronunciamiento definitivo del más alto tribunal.

La Justicia, que es la última garantía de las libertades públicas y de la vigencia efectiva de la Constitución, está cumpliendo su eminente función. Sepamos respaldarla, porque será sometida a duras presiones y se la injuriará de la manera más vil. Una sociedad activa en su defensa de las instituciones debe ser la contracara de estas valientes e imprescindibles decisiones judiciales.

La Corte Suprema tiene la gran oportunidad de quedar en la historia, asumiendo -esta vez, en serio y no declamatoriamente- su rol de guardiana de la Constitución. De su actitud depende en gran medida el futuro de nuestro país.

Después habrá que estar atentos a la reacción del gobierno nacional. Es previsible que vaya a patalear y a acusar a los jueces de dar un golpe de Estado. Si sólo se queda ahí, no habrá mayores problemas. Si intenta algo más, la propia democracia estará en peligro.