“Todo dentro del Estado. Nada fuera del Estado.”
Benito Mussolini

No hay dudas. Vienen por nosotros. El viejo partido del Estado y el Poder vs el individuo y la sociedad -que el liberalismo resolvió a favor de estos últimos hace 400 años, generando el más formidable proceso de crecimiento humano que el mundo vivió en 50.000 años- ha vuelto a instalase en la Argentina, tal como si estuviéramos delante de Juan Sin Tierra.

La Cámara de Diputados acaba de aprobar, por una respetable mayoría de 135 votos, una reforma al sistema judicial de defensa de los ciudadanos por el cual los jueces ya no podrán suspender ipso facto una medida emanada del Estado cuando contra ella se interponga un recurso de amparo de particulares sin antes correr una vista de tres días al órgano estatal involucrado, sea éste una dependencia centralizada o la AFIP, la ONCCA, la Aduana o la nueva autoridad de aplicación de la ley de Medios.

El recurso reformado en Diputados tiene un nombre sintomático: se llama “amparo”, en clara señal de que se trata de un pedido desesperado de ayuda y protección de un “débil” -el ciudadano indefenso-, contra un fuerte -el Estado omnipresente y poderoso que con su desigualdad jurídica lo avasalla y amenaza-. Pues bien la modificación aprobada se pone del lado del fuerte, en lugar de proteger al débil. Es así como se entiende la democracia en los tiempos de los Kirchner.

Está claro que el sistema de defensa judicial de los derechos civiles ha sido arrasado en la Argentina. Los jueces por impericia, burrez, corrupción, ideología o lo que fuere, hace rato que han dejado de ser una valla infranqueable para el abuso del poder. Los ciudadanos hace mucho tiempo que no pueden dar por descontado que sus jueces los defenderán de los atropellos oficiales. Esta ha sido una característica distintiva, claro está, de la decadencia argentina. Al quedar los individuos a merced del poder (es decir exactamente al revés de lo que el Estado de Derecho vino a estatuir) las garantías de seguridad jurídica y confianza que se precisan para que un país progrese emigraron para siempre de la Argentina que pasó a ser el país del “sálvese quien pueda” sin la más mínima posibilidad de civilización y futuro.

Pero una cosa es que los jueces no nos defiendan porque son burros, porque son corruptos, porque no están capacitados para estar donde están o porque tienen una ideología que no comparte la defensa de los derechos individuales y de la autonomía de la voluntad, y otra, muy distinta, es que la ley los obligue a no defendernos y los conmine a darle preferencia a la defensa del Estado por sobre las personas.

En el primer caso siempre nos quedará la esperanza de caer en manos de un juez idóneo, con ilustración jurídica en los principios de la Constitución, con las ideas de la libertad e intachable moralmente. En ese caso ese juez tendrá siempre los inconfundibles principios constitucionales para defendernos. Pero si la ley directamente los obliga a preferir al Estado, estamos perdidos, regresamos al siglo XIII.

La preferencia valorativa entre el Estado y las personas es crucial. Es definitiva para un país. Y todas las señales que emite la Argentina son el sentido opuesto a la libertad. Vamos camino al perfeccionamiento de un fascismo policial muy peligroso.

Ya no empieza a estar en juego nuestro bolsillo, empieza a estar en juego nuestra manera de vivir… Y esa, valga la paradoja, no es una buena noticia: en la Argentina siempre que estuvo en juego el Derecho y el bolsillo, optamos por el bolsillo. Por eso hemos perfeccionado las condiciones para perder los dos. © www.economiaparatodos.com.ar