“Todas y todos” sabemos que si los depositantes de las instituciones financieras creyeran con razón o sin razón que el sistema estuviera en crisis, es seguro que concurrirían a retirar su dinero el mismo día, a la misma hora y- como dijo Kristina en Harvard- el sistema estallaría por el aire y solo recuperarían su dinero los que fueron atendidos en primer término, por la sencilla razón de que el sistema funciona sobre un mínimo de buena fe ya que los bancos solo tienen en efectivo un pequeño porcentaje del total de los depósitos recibidos.

Con el poder del estado ocurre algo similar, “todas y todos” creemos- o en el caso Argentino deberíamos creer- que, como lo explica Nozick, “…posee el tipo requerido de monopolio del uso de la fuerza en el territorio y que protege los derechos de cualquiera en el territorio…”, esa sería la diferencia esencial con lo que se llamó “estado de naturaleza” en el que se considera legitimo que cada uno puede castigar al otro por lo que se considerara violación de su derecho.

Esa presencia del Estado de derecho no significa que haya un vigilante al lado de cada habitante, que sería tan imposible como que los bancos tuvieran el total del dinero depositado por sus clientes, en ese caso no existiría la actividad financiera.

Con la cuestión de la seguridad ocurre lo mismo, el poder de policía del estado en su sentido más amplio implica esa confianza en la gente de que si le ocurriera una violación a su derecho, el estado tendrá la capacidad suficiente de reparación sea para establecer una indemnización a su favor que consistirá en el pago de una suma de dinero sea para decidir la legítima privación de la libertad del ofensor por un lapso determinado.

Esta acción del estado se materializa mediante un sistema de seguridad eficiente que hace que ante un pedido de auxilio por una persona ofendida, la respuesta es inmediata tanto para hacer cesar la ofensa, función policial, como para la posterior reparación, función judicial.

Precisamente esto es lo que falla en la Argentina. No se trata de una cuestión estadística como lo intenta presentar el gobierno comparando, por ejemplo las muertes cuya causa presunta es el narcotráfico con lo que ocurre en otras ciudades del mundo. Así, decir que

en Argentina las muertes por esa causa es de 20 personas y en México de 4500 al año, poco nos sirve ya que a la gente lo que le interesa y valora es la eficacia de la respuesta y precisamente en ese punto está la cuestión.

La respuesta policial según la gente siempre es tardía e ineficaz, amén de los casos de falta de confianza en su gestión por causas de la corrupción. En la Provincia de Santa Fe daría la impresión de que la corrupción policial fuera muy profunda y recordemos que en la Provincia de Buenos Aires se llegó a hablar de la “maldita policía” y en el caso de la ciudad de Buenos Aires, si bien no se conocen casos de corrupción, no se advierte la presencia policial por lo menos en la medida de los efectivos reclutados por el momento.

Casos que ilustran este estado de inseguridad se manifiestan en la sociedad de varios modos, incluso algunos tolerados, otros a veces impulsados como lo fue el corte durante más de dos años del Puente San Martin que transcurrió ante la indiferencia policial y judicial; los escraches que en algunos casos públicos y notorios fueron promovidos por el gobierno o sus aliados; los piquetes, los cortes de rutas, avenidas o calles, el lamentable estado de las cárceles; la mínima profesionalidad del personal del sistema penitenciario; el incumplimiento de sentencias firmes por parte del Poder Ejecutivo; los hechos de fuerza de la empresa estatal INTERCARGO contra LAN cortándole de modo intempestivo la prestación de sus servicios monopólicos para obligarla a modificar un contrato antes de su vencimiento; el manejo discrecional de las DJAI que son OBSERVADAS lo que implica la paralización definitiva de su trámite sin expresión de causa lo que impide el ejercicio de derechos garantizados por la constitución nacional; la prórroga del blanqueo que solo se puede entender para facilitar el lavado de dinero proveniente de los diferentes modos de corrupción; la imposibilidad de desterrar el ilegal negocio de los “manteros”… Todos estos son hechos generadores de “inseguridad” y de la ineficiencia o ineficacia de los poderes del estado o, lo que es peor, de cómo se recurre a la DESVIACION DE PODER para justificar, bajo la apariencia de la legalidad, el uso abusivo del poder en beneficio propio.

Este cúmulo de hechos hace que la gente se sienta en una suerte de “estado de naturaleza” en el que debe vivir permanentemente en estado de “DEFENSA PROPIA” que es lo mismo que creer en el derecho de hacer justicia por mano propia, lo que nos ha llevado al restablecimiento de la “pena de muerte” por decisión que llamaría “popular”, como ocurrió con estos casos que se están conociendo de “linchamientos o castigos públicos”.

Esto muestra una degradación de la cultura media de una sociedad, pero también de una muy perversa acción llevada a cabo desde el propio gobierno y sectores afines para destruir la vigencia de ciertos valores que nos ayudan a distinguir lo bueno de lo malo.

El gobierno ha contribuido en sus once años de gobierno a limar el soporte de toda sociedad: la “buena fe” y nos ha sumergido en los nuevos usos de la desconfianza y la mala fe como norma de conducta.

La falta de idoneidad ética y profesional de la mayoría de los funcionarios, su hipocresía, la falta de ejemplaridad, cualidad propia de toda “autoridad” nos ha corroído y llevado a este estado de deflación vital donde la vida de unos y otros solo vale dos pesos, como lo reconoció en cadena nacional la propia Kristina y de deflación política que hace que la gente ya no crea en el poder del estado.