| Si finalmente llegara a concretarse la inversión china de 20.000 millones de dólares que se sigue anunciando pero que no termina de ser una realidad, las críticas a las privatizaciones de los 90 por falta de transparencia y corrupción podrían quedar a la altura de un poroto frente a lo que podría ocurrir con la carta de intención firmada por el gobierno argentino y empresas chinas.
Veamos algunos de los puntos de lo que serían las eventuales inversiones chinas:
1) Ferrocarriles: inversión de 8.000 millones de dólares en 10 años. La carta de intención se firmó con las empresas China Beiya Escmo y China Railway. Las inversiones serían financiadas por estas dos compañías, las cuales propondrán a las empresas que intervendrán en la provisión de los equipos y en la realización de los proyectos.
2) Viviendas: se invertirían 6.000 millones de dólares en cinco años en viviendas populares (¿?). La carta de intención se firmó con las empresas China Construction y New World. Al igual que en el caso anterior, las empresas chinas designarán a las firmas asiáticas que llevarán adelante la construcción de las viviendas.
3) Energía: se firmó por 5.000 millones de dólares en cinco años con la empresa Sanangol para que realice los estudios y proponga el régimen de financiamiento para los proyectos que resulten relevantes para Enarsa,
4) Telecomunicaciones: se firmó una carta de intención por 450 millones de dólares con las empresas China Unicom y China Beiya Escmo para promover la inversión y el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
5) Satélites: el acuerdo incluye a China Beiya Escmo y China Union, que pondrían 260 millones de dólares para transferir tecnología satelital y conseguir el financiamiento que le falta al Gobierno para poner en órbita el segundo satélite de comunicaciones argentino.
Lo que surge de toda esta información es que, por ejemplo, el burócrata de turno decidió que tienen que rehabilitarse las líneas de trenes que unen Buenos Aires con Córdoba, Rosario, Santa Fe y Tucumán. Supongamos que esta decisión se concreta. ¿Por qué razón el Estado hace una adjudicación directa a una empresa china, que además decidirá qué empresas deberán proveer el material rodante, y no se hace una licitación internacional para la explotación de este corredor vial? ¿Cuál será la tarifa que cobrarán las empresas chinas por este servicio? ¿Qué tipo de servicio prestarán? ¿Por cuántos años se otorgaría la explotación del servicio? ¿Cómo se sabe que no hay otra empresa de Argentina u otro país que pueda ofrecer una mejor relación tarifa/servicio a prestar?
El sólo hecho de haber firmado estos acuerdos en forma directa con empresas chinas abre la sospecha sobre la transparencia de los acuerdos, dado que lo lógico, en los cinco puntos mencionados, sería que el Estado llamara a competir a diferentes empresas del mundo. Si la adjudicación es directa, entonces, todas las críticas de corrupción que se señalan sobre los noventa pueden ser insignificantes. Pensemos que un funcionario público estará manejando adjudicaciones directas por 20.000 millones de dólares sin que el ciudadano pueda saber si no había otras alternativas más baratas y eficientes. A su vez, las empresas chinas que firmaron las cartas de intención se estarían reservando el derecho a designar a otras empresas para la realización de ciertos trabajos.
Si se concretaran estas “ideas fuerza”, como las llamó el ministro de Planificación Federal, podríamos volver a fenomenales actos de corrupción cuando empresas estatales como YPF, Ferrocarriles Argentinos o Segba, no sólo prestaban un pésimo servicio sino que, además, compraban los equipos e insumos a precios tan altos que permitieron que varios empresarios argentinos se convirtieran en millonarios, mientras que más de un funcionario público se aseguró su futuro económico. Y no justamente porque los primeros se ganaron el favor del consumidor sino porque se ganaron el favor de los segundos, que tampoco fueron eminencias en la materia que trataban, sino que cobraban su correspondiente porcentaje para comprarle caro a los “empresarios” que vivían del Estado. Total el contribuyente pagaba.
En esta oportunidad el beneficio podría llegar a corresponderle a algún burócrata chino gracias a este curioso esquema de integración.
Posiblemente todo esto quede en la nada, lo cual es altamente probable. Pero de lo que no cabe dudas es que todo el discurso de transparencia y honestidad que viene desplegando este gobierno ha quedado literalmente en la nada luego de haber firmado estas cartas de intención, ideas fuerza o como quieran llamarlas.
Claro, lo que ocurre es que en la Argentina los gobernantes vuelven a confundir la cosa pública con una propiedad privada de ellos. Creen que por el sólo hecho de llegar al gobierno por el voto, el Estado pasa a ser parte de su patrimonio y pueden hacer lo que se les dé la gana sin necesidad de informarle a los ciudadanos de sus actos. Total, los ciudadanos estamos para votar una vez cada cuatro años. Y en el medio de esos cuatro años, pasamos a ser cartón pintando, teniendo que soportar cualquier dislate que se le ocurra al “dueño” de turno de la Argentina.
Pero, en fin, el peronismo es así. Hicieron el gran negocio personal cuando estatizaron en los 40. Después hicieron el negocio en los 90 con las privatizaciones y ahora pueden volver a hacer el negocio reestatizando en alianza con los chinos.
¡Ahora se entiende por qué el peronismo tiene todo el espectro del arco ideológico! Van adecuándose ideológicamente al “negocio” de cada momento. © www.economiaparatodos.com.ar |
