Desde hace rato tenía el deseo de referirme, al menos brevemente, acerca de la impresión de profunda incomodidad que me dejó la lectura de la nota del excelente periodista Joaquín Morales Solá, que fue publicada en La Nación el 27 de octubre pasado, con el título “Una gran victoria para Lavagna”.

En la misma, el autor se deshace en expresiones elogiosas respecto de la labor del Ministro de Economía, al que aplaude sin retaceos por haber logrado “convencer”, uno a uno, a la mayoría de los integrantes de nuestra Suprema Corte acerca de votar como efectivamente lo hicieron al legitimar la pesificación dispuesta por la administración del ex presidente Eduardo Duhalde.

Más allá del contenido mismo de la decisión de la Corte -que ha encendido nuevamente las pasiones, a punto tal que uno de sus ministros ha sido agredido en la calle, mientras transitaba con su mujer a quien le quebraron una costilla (lo que muestra la profundidad de nuestra crisis)- quisiera reflexionar sobre lo que ocurrió, que es muestra del estado en que está, desgraciadamente, nuestra vida republicana.

Porque, si fuera cierto que el Ministro de Economía visitó, uno a uno, a los ministros de la Suprema Corte para “convencerlos” acerca de cómo debían votar en la instancia, se habría violentado -abiertamente- el principio de la “separación de poderes”, central en nuestra estructura republicana. A la vista de todos y con el aplauso de algunos, queda visto. Porque quizás hemos olvidado la trascendencia de ese principio.

En efecto, si se hubiera procedido de esa manera se habría incurrido en una actitud propia de regímenes “semi-autoritarios”, esto es, de aquellos que formalmente tienen instituciones democráticas, pero que en los hechos no funcionan como tales. El Poder Judicial es, para ellos, un instrumento más de poder, al que puede manipularse o intentar hacerlo. Y esto es sumamente grave.

La politización del Poder Judicial le impide jugar el rol central que precisamente tiene en las democracias. Que es nada menos que el de defender a todos los ciudadanos de los posibles abusos del poder, público ciertamente y privado también.

La independencia del Poder Judicial no es un fin en sí misma. Es uno de los principios esenciales que deben asegurarse para el buen funcionamiento de las democracias.

Probablemente el mayor daño que se puede hacer a la institución judicial es el de teñirla ideológicamente, con designaciones no pluralistas. Pero también se ofende a su independencia cuando se recurre al uso de “emisarios” o de “conversaciones privadas” para tratar de influenciar sus decisiones.

Esas “presiones”, cualquiera fuera su expresión, ofenden a las instituciones republicanas y, por ello, debieran ser rechazadas por todos. De plano.

Como es obvio, ellas no ocurren a la luz del día, delante de todos, con absoluta transparencia. Por el contrario, tiene lugar en encuentros “discretos”, a los que se califica de “reservados”, entre los miembros de un poder del Estado (sean éstos ministros del Poder Ejecutivo o legisladores, quienes también deben respetar la independencia de nuestros jueces y dejar de “frecuentar” sus despachos) y nuestros magistrados judiciales, aparentemente. Lo que es gravísimo, desde el punto de vista institucional.

Alguna vez, un buen profesor de Ciencia Política canadiense, Peter H. Russell, dijo: “Un Poder Judicial no puede ser poderoso a menos que goce de un alto nivel de independencia y que sus miembros individuales estén libres de toda presión interna y externa en lo que a sus decisiones se refiere. Pero el precio que debe pagarse por esa independencia es estar sometido a una vigilancia inmediata y continuada”. Es así.

De allí mi gran alarma por la manera en que la independencia del Poder Judicial, como noción central de la democracia, parece haberse extraviado o desdibujado, aun entre quienes tienen y ejercen una merecida posición intelectual de liderazgo. © www.economiaparatodos.com.ar



Emilio Cárdenas es ex Representante Permanente de la Argentina ante la Organización de las Naciones Unidas.