Felipe Solá y su inseparable amigo recaudador, el siempre dispuesto a caer en un escándalo Santiago Montoya, deben estar frotándose las manos.

Después de haber admitido un déficit financiero de $ 1.600 millones en el presupuesto 2007 de la provincia de Buenos Aires, se les ocurrió enviar un proyecto a la legislatura provincial para crear una serie de impuestos que cierren la brecha. El “paquetazo” incluye ajustes en los valores inmobiliarios, en los automotores, crea un “impuesto a la riqueza” y también a los activos financieros.

Por supuesto, estuvo lejos de su imaginación bajar costos, ser más eficientes o aumentar la productividad del Estado. Fueron directo a cazar riqueza generada por otros. Como garrapatas parásitas idearon chupar un poco más de sangre al cuerpo productivo de la sociedad.

Seguramente con ese lubricante seguirán pagando funcionarios como León Arslanián, que al tiempo que declaró difunto a Julio López, imaginó un Servicio Penitenciario Provincial a cargo de ex convictos. Debe ser que Arslanián es una persona sentimental y para que los presos que milagrosamente logran permanecer encerrados no extrañen su ambiente al tener que salir en libertad, está pensando en emplearlos para cuidar a sus antiguos compañeros, a sueldo de la sociedad. Es como si la cárcel fuera camino de convertirse en una cooperativa operada privadamente. Es mejor no pensar qué sucedería en ese caso: si actualmente los presos, en complicidad con empleados corruptos del Servicio Penitenciario, salen a delinquir y a matar mientras deberían estar encerrados, imaginemos lo que podría suceder si la idea de Arslanián de dejar todo en manos de los propios delincuentes se concretara.

Los nuevos impuestos se establecerían sobre patrimonios provinciales de $ 500.000 o más. La conformación del objeto gravado coincide blancos impositivos que ya constituyen materia gravada a nivel nacional. Los inmuebles, los automóviles y los activos financieros se combinan para que, a nivel nacional (e incluso a nivel local), un ciudadano ya pague tributos por patentes, impuestos inmobiliarios, rentas, ganancias y bienes personales, todos los cuales tienen a las variaciones patrimoniales o a los valores en sí mismos de inmuebles y automotores, como objetos gravados.

¿Cuántas veces se supone que un pobre infeliz debe pagar cánones al Estado por haber llegado a tener un bendito auto? ¿Cuántas veces el auto será el blanco sustituto de mi billetera?

Otro tanto sucede con los inmuebles. La cantidad de impactos impositivos que hacen base en los ladrillos es inconcebible.

Una de las primeras lecciones del más pobretón curso de Finanzas Públicas enseña a quien lo quiera saber que existen principios que deben regir la relación entre la potestad del Estado para imponer gravámenes y los derechos de los ciudadanos. Uno de esos principios es el que se conoce como “doble imposición interna”.

La “doble imposición interna” sucede cuando una persona es “atacada” impositivamente desde distintas jurisdicciones que gravan el mismo objeto. Los países federales pueden caer en doble imposición interna cuando los estados provinciales, en uso de sus facultades no delegadas, establecen impuestos dentro de su jurisdicción que gravan objetos o bienes por los que la persona ya paga impuestos análogos en otra jurisdicción.

Flagrantemente, el proyectado “impuesto a la riqueza” en la provincia de Buenos Aires incurre en doble imposición frente al Impuesto a los Bienes Personales (casualmente, conocido como “Impuesto a la Riqueza”) que existe a nivel federal. Este impuesto, dado su carácter nacional, alcanza los “bienes personales” donde sea que éstos se encuentren. Más allá de lo discutible que sea que uno deba aceptar ser robado por la autoridad pública por tener bienes, lo cierto es que el impuesto ya existe y ninguna otra jurisdicción puede replicarlo sin caer en doble imposición.

Es tan descabellado el hecho de que una persona vaya siendo desvalijada por los mismos motivos conforme transita de una jurisdicción a otra, que el esquema para evitar la doble imposición en países políticamente federales ha sido trasladado al orden internacional. Los países firman acuerdos para evitar que una persona que paga un determinado impuesto en uno de ellos no los vuelva a pagar sobre el mismo objeto en el otro. Una versión menor, pero cotidiana del mismo caso, es el sistema de “Tax Free” que la mayoría de los países tienen para que los turistas no paguen impuestos en una jurisdicción que vía derechos de aduana deberán pagar luego en otra.

Pero Solá y su “inseparable compañero Toro” (perdón, digo, Montoya) se ve que no han pasado ni cerca de ningún curso de mala muerte de Finanzas Públicas y sólo les interesa seguir buscando recursos de la gente que produce, para que ellos sigan bancando lumbreras como Arslanián y financiando un Estado que ha sido el mayor grano histórico del país: la provincia de Buenos Aires. Un territorio que desde 1810 no ha dejado de ser el más rico, el más desarrollado y, a la vez, el mayor lastre que el país ha debido soportar. © www.economiaparatodos.com.ar