China y la pena de muerte

Muchos creen –equivocadamente– que el campeón mundial en materia de imposición de la pena de muerte por los delitos más aberrantes es Estados Unidos.

Lo cierto, sin embargo, es que las cosas no son así. Sino bien distintas. China, pese a las presiones internacionales –hasta ahora infructuosas–, condena todos los años a muchas más personas a muerte que todos los demás países del mundo en su conjunto. Irán, Iraq, Pakistán y Sudán también superan a los Estados Unidos.

La situación en China, no obstante, parece estar mejorando. Por el simple efecto de haber vuelto a establecer el requisito de que cada pena de muerte debe ser revisada y aprobada (como ocurría hasta 1981) por el más alto tribunal de China, esto es por la Suprema Corte del Pueblo.

Esta medida parece haber logrado disminuir rápidamente –un sólido 10%– las ejecuciones capitales en el gigantesco país oriental. Lo que no sorprende, desde que, en estos temas, China está procurando avanzar para mejorar una imagen que todavía luce indefendible.

Las instituciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos estiman que, cada año, mueren en China entre 10.000 y 15.000 personas (en virtud del cumplimiento de penas capitales que les han sido impuestas por los tribunales de toda índole, incluyendo los provinciales, que en el gigante asiático no son, constitucionalmente, ni imparciales ni independientes). Las ejecuciones tienen lugar en los más variados rincones del país. Entre ellas, las de muchas de acusados de corrupción, aunque lo cierto es que hay unos sesenta diferentes delitos e infracciones de la más diversa clase que, por diversos caminos, pueden en definitiva conducir a los responsables hasta la pena de muerte.

La verdad es que el gobierno chino no difunde cifra alguna que pueda confirmar, o desmentir, esas cifras privadas.

La mera posibilidad de que las sentencias que imponen la pena capital puedan ser revisadas por la alzada superior evitará, seguramente, que las arbitrariedades se consumen y permitirá rectificar algunos errores.

Por todo esto es que las ejecuciones capitales en China parecen haber disminuido. Pese a todo, este país no ha modificado su actitud en esta materia y defiende la legitimidad de la aplicación de la pena de muerte para toda una panoplia de delitos.

En China, recordemos, menos del 1% de quienes son acusados criminalmente logran finalmente evitar la condena. Absolutamente al revés de lo sucede en la Argentina, donde la cifra referida es, en todo caso, más bien la inversa.

Venezuela sigue comprando armas a Rusia

Salvo Venezuela, los países de la región no parecen estar participando en carrera armamentista alguna.

Algunas cifras ayudarán a considerar la situación relativa. La Argentina dedica un 1,3% de su PBI a gastos militares y tiene unos 71.000 hombres y mujeres bajo bandera. Además, una ministro de Defensa dedicada a disminuir la presencia militar en donde pueda. Brasil, por su parte, destina un 1,5% de su PBI a gastos militares y tiene unos 288.000 hombres y mujeres bajo bandera. Chile, en cambio, invierte un 2,9% de su PBI a gastos de defensa y tiene unos 87.000 hombres y mujeres bajo bandera. México destina un 0,5% de su PBI a este rubro y tiene unos 193.000 hombres y mujeres bajo bandera. Perú dedica un 1,7% de su PBI a gastos militares y tiene unos 115.000 hombres y mujeres bajo bandera. Uruguay, por último, destina un 1,3% de su PBI a defensa y tiene unos 24.000 hombres y mujeres bajo bandera.

Hasta 2003, Venezuela dedicaba un 1,5% de su PBI a gastos militares y tenía unos 82.000 hombres bajo bandera. Sin embargo, la oligarquía militar que hoy gobierna ese país, encabezada por el paranoico Hugo Chávez, aumentó sustancialmente el gasto militar desde entonces. Además, hoy está construyendo una fábrica de Kalashnikovs en su territorio (la primera fuera de la Federación Rusa y de aquellos países que alguna vez conformaron el imperio soviético) y ha adquirido a Rusia, Corea del Norte y Bielorrusia aviones nuevos, buques de guerra, radares, misiles y otros elementos y sistemas para “modernizar” a sus fuerzas armadas, a las que ha desparramado por toda la región, en distintas tareas de presunto asesoramiento.

La última novedad es bien significativa, desde que Venezuela pronto anunciará la adquisición –a través de Rosoboronexport, la agencia oficial rusa que exporta armas al exterior– de cinco submarinos rusos diesel clase 636, además de cuatro modernos submarinos adicionales, en este caso de la clase 667E Amur. El segundo tipo de submarinos es de última tecnología, por lo que aún no están operativos en la propia armada del país vendedor. Es, entonces, el “último grito” de esta fea moda. Lo más moderno. Peligrosísimo. En manos de Chávez, mucho más.

La “patria prepotente” en su más pura expresión

El llamado conflicto de las papeleras o pasteras que nuestras autoridades estimularon –y mantienen– con Uruguay y que nos ha llevado (increíblemente) a enfrentar en los estrados de la Corte Internacional de Justicia a un pueblo hermano, lo que desnuda las falencias de la política exterior de la administración “progresista” de Néstor Kirchner, acaba de mostrar una de las –no por conocida– más feas caras de la actual etapa por la que atraviesa nuestra sociedad.

Me refiero a la de la “patria prepotente”, que ha sido constantemente fomentada desde lo más alto del poder, mediante el estímulo permanente a la lucha de clases, la siembra sistemática de odios y rencores, la desfiguración de la realidad, así como toda suerte de actitudes arrogantes, cuando no patoteras, intimidaciones, amenazas, insultos, demonizaciones y una conducta que ha dejado claro el extraordinario nivel de chabacanería, ordinariez y mala educación que, desgraciadamente, parece haberse apoderado de nuestra conducción.

Los cortes de puentes y rutas internacionales que unen la Argentina con Uruguay, materializados por los ambientalistas de Gualeguaychú con la más abierta tolerancia del poder público, han sido declarados ilegales –por unanimidad– por un tribunal ad-hoc del MERCOSUR. No obstante, nuestro país ha hecho caso omiso de ello e incumplió abiertamente ese laudo que nos fue adverso, como si no hubiera existido y no ha variado –un ápice– las omisiones de conducta que, mañana, podrían derivar en las responsabilidades que pudieran corresponder por la acumulación de daños sobre la sociedad uruguaya.

Los responsables de esos cortes, a la hora de la verdad, se esfumarán seguramente y todos –eventualmente– deberemos responder por sus conductas. Sin embargo, para el ex gobernador Jorge Busti escapar no será tarea fácil, porque los medios orientales informan que su administración provincial concretó un importante apoyo económico a los piqueteros autodenominados asambleístas: algo más de 6.000 dólares mensuales para que los cortes continuaran. Busti acepta que los pagos se hicieron, aunque sostiene que fueron realizados para “fomentar la lucha ambiental”.

Pero, lo peor acaba de suceder. Un episodio que es expresión natural de la conducta elegida y tolerada. Según informa el diario El País del 16 de junio, el pago de “peajes” por parte de los ciudadanos orientales para poder cruzar los puentes “es largamente conocido”. Recientemente, una mujer debió pagar 2.000 pesos, sostiene el periódico, para poder asistir al velorio de su propia madre. Su identidad, por razones obvias (esto es, por posibles venganzas), se mantiene en reserva. La “coima” se pagó el 15 de mayo y la residente de Fray Bentos pudo llegar al velorio de su madre, en Gualeguaychú.

Por su parte, El País del 17 de junio lleva como titular de primera página: “Se suceden testimonios de “coimas” de los piqueteros”. El subtítulo, igual de feo, agrega: “Fray Bentos sabe que “tarifa” es U$S 100; hay temor a represalias”. Tremendo, por cierto, por lo que nos concierne, como sociedad.

El medio también informa que, el 15 de febrero, se le impidió cruzar a una ciudadana argentina, de 86 años, que viajaba con familiares uruguayos en un vehículo con patente oriental para recibir tratamiento médico en nuestro país. De nada valió la exhibición (a los patoteros) de sus certificados médicos. Haciendo “justicia” por sus propias manos, le negaron por la fuerza el paso. Una vergüenza para todos. Pero nadie investiga nada. Nosotros, creen algunos, “somos la ley”… y ahora también creen que son el tesoro nacional, o la AFIP, aunque lo que recaudan va a los bolsillos de unos pocos.

Por todo esto, la inversión huye de nuestros escenarios. Y recala, en cambio, en Uruguay. No solamente la de los tres inmensos proyectos celulósico-papeleros. Ahora, según se acaba de anunciar también, la del sector agropecuario. En efecto, General Mills (dueña de “La Salteña” y de los excelentes helados “Häagen-Dazs”) informó que se establecerá en tierras orientales a través de un joint venture para fabricar caseína. Esto es, una proteína que se separa de la leche, cuyo uso es muy variado y abarca desde la fabricación de pinturas a la elaboración de productos farmacéuticos, plásticos, pegamentos, clarificación de vinos o elaboración de porcelanas o vidrios. Es comprensible. © www.economiaparatodos.com.ar

Emilio Cárdenas se desempeñó como representante permanente de la Argentina ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).