Últimamente, han arreciado las críticas a la Ley Federal de Educación. Comenzando por los alumnos que organizaron “tomas” de escuelas en la ciudad de La Plata para quejarse por las evaluaciones integradoras y de paso echarle la culpa de todos los males de la educación a la Ley Federal, y terminando por los algunos sindicatos docentes que han manifestado su desacuerdo y pedido su derogación.

Recuerdo que, con curiosidad malsana, una vez que visité la famosa “carpa blanca de los docentes”, a una persona que tenía colgado un cartelito del cuello que decía “docente argentino ayunando” le pregunté si al menos había leído la también famosa ley. La respuesta fue contundente: no, pero le habían dicho que “era mala”.

Uno se pregunta entonces: ¿estarán en contra de la educación gratuita?, ¿les molestará que el período de educación obligatoria sea de 10 años?, ¿les disgustará que sea el Estado Nacional el responsable de dictar las políticas educativas?, ¿creerán que es perjudicial la libertad de cátedra?, ¿considerarán inoportuno que el presupuesto educativo se eleve al 6% del PBI?, ¿no les gustan los objetivos que propone la ley para la Educación Inicial o para la EGB?, ¿les parece poco correcto que los alumnos tengan derecho a estar informados sobre sus calificaciones?, ¿no quieren que el Consejo Federal de Educación sea quien elabora los planes de estudio? Porque, graciosamente, todas estas cosas están contenidas en la ley y calculo que cualquier persona con mediano sentido común adheriría a ellas.

Quizá de lo que teóricamente quieren quejarse es de la nueva estructura, es decir, el reemplazo de la tradicional división de primaria (7 años) y secundaria (5 años) por la de Educación General Básica (9 años) y Polimodal (3 años). Si realmente es esto lo que quieren cambiar, me parece que tampoco la estructura es la culpable, sino cómo se la “llena”. Es evidente que el Polimodal ha mostrado su fracaso. Pero tampoco parece ser culpa de la estructura, sino de los contenidos que decidieron asignarle a ese ciclo. Por otro lado, tenernos dos jurisdicciones (la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Neuquén) que nunca implementaron la nueva ley y siguen con la vieja estructura. ¿Es que los alumnos de estas dos jurisdicciones están a años luz de sus pares del resto del país en resultados y en sus rendimientos en la univerisidad? No. No más que cuando no existía la Ley Federal de Educación. Y para colmo de males, estas dos jurisdicciones son las que más dinero invierten por alumno, con lo que sus resultados deberían ser mejores sólo por este motivo.

Tampoco saben los que pretenden que se derogue la mencionada ley que es la única normativa de educación general que hay, ya que la ley 1420 hablaba sólo de la educación primaria y tenía vigencia sólo en la Capital Federal, Territorios Nacional y Colonias, pero no en el resto del país. Uno de los méritos de la Ley Federal es que es una ley marco que debería regir en todo el país, aunque de hecho no suceda.

Si queremos realmente centrar nuestros cañones en los males que hoy aquejan a la educación en la Argentina, no creo que lo estemos haciendo echándole la culpa a la Ley Federal de Educación. Que es perfectible y que la manera de “implementarla” merece muchísimas mejoras es innegable, pero sepamos que un cambio de estructura no genera ninguna mejora (ni baja) en la calidad de la educación, y apuntemos a lo que de verdad produciría un cambio en positivo. © www.economiaparatodos.com.ar



Federico Johansen es docente, director general del Colegio Los Robles (Pilar) y profesor de Política Educativa en la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UCA (Universidad Católica Argentina).