La acción política cotidiana parece condensarse en el verbo “pontificar”: los políticos hablan con autosuficiencia y tono dogmático, pero no hacen nada, ya sea porque no saben o porque no quieren.

En la 96ª Conferencia Internacional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), realizada hace pocos días en Ginebra, Suiza, la senadora Cristina Fernández de Kirchner, precandidata a presidenta de la Nación, anticipó datos referidos a la calificación formal del trabajo, que luego fueron confirmados por el INDEC intervenido.

Tales datos corresponden a la reducción del empleo informal o “trabajo en negro”, es decir aquel que se paga sólo con salarios de bolsillo sin que el Estado recaude los aportes de la seguridad social ni los sindicatos cobren las cuotas sindicales y las obras sociales.

La cifra brindada por la señora de Kirchner mostraba un descenso en la informalidad laboral entre el primer trimestre de 2006 y el primero de 2007: desde el 44,3% al 41,6% del total de trabajadores que componen la fuerza laboral en 31 grandes centros urbanos del país.

Como en estas ciudades las personas en edad económicamente activa suman 11,1 millones, el empleo en negro equivale a 4.617.600 trabajadores informales que, de todas maneras, tienen un trabajo relativamente estable, ya que superan las 35 horas semanales.

Sin embargo, si a esta cifra le añadimos también otros datos oficiales que, a la misma fecha, indican que la desocupación abierta alcanzó al 9,8% del total de trabajadores, que los planes trabajar y jefes-jefas de hogar llegan al 1,3% del mismo total y que la subocupación de aquellos que sólo hacen changas o trabajan en forma discontinua es del 9,3%, entonces sumando estos porcentajes oficiales llegamos al 62% de la población en edad de trabajar.

Algunos investigadores cuestionan que el universo de personas en edad activa sea tan sólo de 11,1 millones y estiman que, incluyendo el resto del territorio nacional además de esos 31 centros urbanos, la cifra alcanzaría a 15 millones de personas.

De una u otra manera, lo importante es resaltar que después de algo más de cuatro años de crecimiento a tasas chinas –como se jacta el Gobierno– las personas que tienen problemas de empleo en la Argentina llegan al 62% del total de la población comprendida entre los 15 y 65 años.

No hay duda de que este porcentaje alarmante nos indica que la clase política argentina no ha hecho absolutamente nada para solucionar esta cuestión de informalidad, de desempleo abierto, de subempleo o de desempleo camuflado con planes asistenciales. Ello implica una deuda moral de enorme magnitud que tratan de soslayar con abundancia de palabras vacuas y sin contenido alguno.

Realmente, no parece haber sido muy exitoso el proyecto del presidente basado en el denominado “modelo productivo y de inclusión social”, porque al final de su mandato sigue mostrando cifras tan deplorables.

Dentro de este gravísimo problema social hay que distinguir dos situaciones:
a) la de aquellos marginados que no tienen ningún trabajo decente y viven subculturalmente en villas de emergencia o asentamientos irregulares, y
b) la de otros informales que tienen trabajo irregular, pero relativamente estable, aunque corren el riesgo de la imprevisión para la vejez y del abandono en casos de enfermedad.

Cómo solucionar el problema

Para los marginados y excluidos sociales, la solución consiste en llevar a cabo un programa intensivo de inserción cultural, en el que se les enseñe a cumplir con sus deberes, ordenar las cosas que le rodean, saber operar las máquinas y herramientas, integrar equipos de trabajo, respetar las instrucciones de los supervisores, actuar con disciplina personal y mantener la higiene en el lugar de trabajo o en sus viviendas.

Esto puede lograrse tomando ejemplo de los exitosos métodos empleados por los grandes países industrializados después de terminada la Segunda Guerra Mundial para incorporar en tareas civiles productivas a decenas de millones de soldados, muchos de ellos sin preparación laboral, con psicosis bélica, heridas o mutilaciones corporales.

En los países sajones, como EE.UU., Australia y Gran Bretaña, el método se denomina T.W.I. (training within industry), que significa “entrenamiento productivo dentro de la industria”. En Francia, se lo designó como B.T.E. (bureau des temps elementaires), siguiendo la brillante tradición de Henri Fayol. En Japón, se ha convertido en un programa nacional bajo la tutela del Ministerio de Trabajo y la inspiración de W. Edwards Deming y continúa hasta el presente en las grandes empresas industriales donde se lo denomina “kaizen”, porque significa “cambio” (kai) para “llegar a ser mejores” (zen).

En todos los casos, la informalidad surge inevitablemente por la enorme carga tributaria y fiscal que obliga a que el empleador y el trabajador tengan que entregar un alto porcentaje del salario por el simple hecho de estar “trabajando en blanco”.

Este despojo inaudito es consecuencia directa de las leyes laborales anti-empresa que se difunden desde la bancada oficialista del Congreso Nacional, inspiradas por un abogado de la Confederación General del Trabajo (CGT) que carece de ideas sensatas, motorizadas por un cacique sindical del gremio camionero y aprobadas pasivamente por un ministro que nada ha hecho para mitigar el alto desempleo y la irregularidad laboral.

Magnitud del despojo salarial

Teniendo en cuenta los aportes descontados de su salario, las contribuciones forzosas a cargo del empleador y las provisiones por riesgos surgidos de leyes abusivas y de sentencias judiciales plagadas de demagogia, la magnitud global del despojo que se hace sobre el salario en blanco es excesiva.

De manera que un salario nominal de $ 1.000 se convierte por arte de birlibirloque en un sueldo de bolsillo de $ 795 y termina costando $ 1.652,30, importe que se carga al costo de producción. Por lo cual, el precio que el trabajador paga cuando compra el producto que él mismo fabricó duplica el importe de su sueldo de bolsillo.

Quizás muy pocas personas se hayan puesto a pensar que en el caso mencionado el trabajador se lleva a su casa $ 795 mientras que el aquelarre estatal, sindical y de la industria del juicio laboral se lleva $ 830,23.

Quien no quiera ver en esta tremenda distorsión una expoliación al trabajador y una irresistible tentación de soslayar el pago de esas cargas sociales, en realidad no ha comprendido nada de la cuestión que ha provocado que, en el país de la “justicia social” y del “modelo productivo y de inclusión social”, el 62% de los trabajadores tenga serios problemas en su trabajo.

Tal es el tremendo despojo que los políticos deberían mitigar, poniéndose a estudiar y legislar de inmediato para que puedan reducirse al máximo las cargas laborales, en lugar de ir a “pontificar” en conferencias internacionales o dedicarse a los discursos de cabotaje de una permanente campaña electoral. © www.economiaparatodos.com.ar

Antonio Margariti es economista y autor del libro “Impuestos y pobreza. Un cambio copernicano en el sistema impositivo para que todos podamos vivir dignamente”, editado por la Fundación Libertad de Rosario.