El Consejo Superior de la Universidad Nacional de la Plata, mediante una ordenanza, acaba de dictaminar que los ingresos en las facultades de su esfera no pueden ser eliminatorios. Aunque el giro idiomático que emplea la ordenanza es bastante particular, lo que viene a decir en blanco y negro es que desde que un joven pisa la universidad debe ser considerado un alumno universitario. Que en palabras aún más sencillas significa que el ingreso es irrestricto: por el sólo hecho de tener un título de educación media, ya se trata de un alumno universitario con sólo cumplimentar un trámite administrativo.

Lo primero que me impactó fue ver fotos de algunos de los carteles que portaban los alumnos durante la asamblea en la que se debatió la ordenanza: “No nos roben el derecho a estudiar” (lindo slogan, ¿no?). Qué equivocado estaba: yo pensaba que precisamente los que estudiaban pasaban los exámenes, y los que no estudiaban, no. Yo creía, veo que erróneamente, que el “derecho a estudiar” conllevaba el “deber de demostrar que uno ha estudiado”. Perdón por la comparación, que es fuerte, pero es como si un suicida llevara un cartel reclamando que no le roben el derecho a la vida, mientras se arroja a un precipicio. Los que pueden reclamar que no les roben el derecho a estudiar son los que realmente estudian, se esfuerzan y, como consecuencia habitual y lógica, aprueban sus exámenes.

Lo segundo es que volvemos a lo de siempre: se confunde la “igualdad de oportunidades” con la “igualdad de resultados”. La oportunidad la da la universidad al permitir que accedan a ella todos los que aprueban los exámenes, criterio también bastante cuestionable. El resultado dependerá de la preparación y esfuerzo de cada uno. Y lo terrible del tema es que no veo cuál es la diferencia esencial entre un examen de ingreso y uno de una materia cualquiera. Si es “discriminatorio” no permitir que alguien que no aprobó un examen ingrese en la universidad, ¿por qué no es discriminatorio no permitir que siga con la materia siguiente si no aprobó la anterior?

No perdamos tiempo y dinero: regalemos directamente los títulos y listo. No discriminemos más a esos pobres alumnos que no pueden demostrar cuánto saben. “No nos roben el derecho a ejercer la Medicina” sería un slogan bastante vendedor para poner en un cartel en la asamblea donde se discuta si se regalan los títulos. Me parece que hay muchos que no han entendido lo que es discriminar y piensan (y lo malo es que legislan en esa línea) que todo obstáculo no superado es discriminatorio.

Decía que el criterio de permitir que cualquiera que supere el examen de ingreso (cuando lo había) es cuestionable pues uno no puede establecer una política de ingresos en una universidad pública en función de su infraestructura para formar profesionales de una determinada orientación. Es decir: si tengo tantos bancos y tantos profesores, puedo educar tantos alumnos. Debería haber una política de desarrollo elaborada desde el gobierno nacional que fomentara determinadas profesiones necesarias para ese desarrollo y desalentara otras. ¿O por qué no es discriminatorio que los municipios fijen el número de licencias para taxis que darán y sí sería discriminatorio fijar el número de periodistas deportivos que son necesarios para el país? ¿O por qué puede haber sólo 256 diputados, si tengo claro que mucha gente representa a otros? Si sé que dentro de determinado número de años necesito determinado número de médicos, no puedo decir que no tengo lugar para formarlos: debo invertir para lograr la infraestructura necesaria. Como contrapartida, si sé que necesito 10 ingenieros y tengo infraestructura para formar 100, y les permito ingresar, tendré 90 frustrados dentro de poco tiempo (en realidad si entran 100 probablemente se reciban sólo unos 20, pero este tema da para otro artículo). La política de ingreso no tendría que depender de las universidades sino que debería ser nacional, y estar pensada en función de las necesidades del país.

Ignoro cuáles son las razones políticas que llevaron a tomar esta medida en una de las universidades que conservaba el sentido común, al menos en algunas facultades. Pero deberían ser los alumnos que realmente estudian, esos a los que les están robando su derecho a estudiar, los primeros en dejar oír su voz de queja. Y, por favor, dejemos de una vez por todas de confundir igualdad de oportunidades con igualdad de resultados. © www.economiaparatodos.com.ar



Federico Johansen es docente, director general del Colegio Los Robles Pilar y profesor de Política Educativa en la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UCA (Universidad Católica Argentina).